AIDA RAMÍREZ

Foto: Cuartoscuro (archivo)

Sin precisar números, el gobierno de la Ciudad de México instruyó a dependencias y organismos autónomos llevar a cabo las acciones necesarias para retirar los vehículos abandonados en los corralones.

Lo anterior, ya que la Jefatura de Gobierno publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México un acuerdo para que las áreas de la administración pública y demás entidades ordenen las acciones necesarias para llevar a cabo la disposición final de los automotores, componentes, entre otros, que se encuentren en los depósitos vehiculares.

Así, todas las oficinas deben “de manera inmediata, en el ámbito de su competencia y atribuciones”, ejecutar las acciones y establecer “las medidas extraordinarias necesarias para llevar a cabo la destrucción de vehículos automotores, así como sus componentes y accesorios que se encuentren en los depósitos vehiculares públicos de la Ciudad de México”.

En el documento que firmó la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, se establece que la disposición también incluye a los organismos autónomos y alcaldías.

Se explicó que la medida tiene como objetivo contribuir a un ambiente sano para los ciudadanos; además de que dichos vehículos abandonados significan un riesgo a la protección civil.

“El número de vehículos en esas condiciones vulnera el derecho humano a un medio ambiente sano para los habitantes de la Ciudad de México, al representar un riesgo geológico e hidrometereológico en los depósitos vehiculares que se ubican en zonas de muy alta sensibilidad sísmica y que la topografía de los sitios puede ocasionar encharcamientos o inundaciones, además del estado en que se encuentran las instalaciones eléctricas de los inmuebles, de la existencia de vegetación y basura al interior de los predios, lo cual es susceptible de generar incendios en estado seco y atraer fauna nociva, por la falta de separación entre los vehículos con las bardas colindantes, máxime que los vehículos aún conservan gasolina en su interior y representan un peligro para las viviendas colindantes y sus habitantes”, se indicó en el acuerdo.

Para ello, las dependencias deberán aplicar las medidas jurídicas pertinentes en los casos en que haya vehículos que se encuentren relacionados en una investigación o sujetos a un procedimiento jurisdiccional.

“Se ha identificado una gran cantidad de vehículos automotores, componentes y accesorios en los depósitos vehiculares, los cuales se encuentran en abandono físico y malas condiciones, lo que puede derivar en una serie de problemas en el ambiente, pues con el paso del tiempo y las condiciones ambientales se han convertido en desecho ferroso”, señaló el gobierno capitalino.

En septiembre del año pasado, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) dejó ver que en las tres etapas que aplica cada año para “chatarrizar” los coches que se tienen en los corralones, al menos en 2021 fueron alrededor de cuatro mil unidades.

Javier Berain Garza, Director General de Aplicación de Normatividad de Tránsito de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, explicó entonces que “por la razón que fuere, el vehículo remitido a uno de los 27 depósitos vehiculares que tienen la SSC y no se reclama, el Código Fiscal aprobado por el Congreso de la Ciudad establece que se considerará abandonado un vehículo que pase más de 15 días en un depósito vehicular”.

Y, de los mil 500 vehículos chatarrizados en esta ocasión, de las tres jornadas que se hacen al año, dos corresponden a vehículos infractores del Programa Conduce sin Alcohol, “es muy importante decir a toda la ciudadanía que estos dos vehículos que estamos chatarrizando, son dos vehículos de personas que decidieron no cumplir con la sanción y fueron ingresados al Torito, y estando ahí decidieron ampararse”.

En la actualidad, según la página en internet de la SSC, son 29 los depósitos vehiculares, mejor conocidos como “corralones”, divididos en la Zona I, que incorpora a los del Norte y Sur de la CDMX, así como la Zona II, que son los del Oriente y Poniente.

Cabe recordar que aquí también vienen a parar los coches que han sido denunciados por estar por mucho tiempo abandonados en calles, vialidades y hasta dentro de unidades habitacionales; y entre enero y mayo de este año, ya se habían retirado dos mil unidades, muchos de ellos a petición de denuncias vecinales.