Un diagnóstico posterior a las lluvias intensas del año pasado identificó en Puebla 20 mil viviendas con daño total o mayor, de las cuales dos mil 267 requirieron reubicación por riesgos geológicos; la federación y el gobierno estatal avanzaron en reservas territoriales, nuevos desarrollos habitacionales y una inversión global de 13 mil millones de pesos en cinco estados.

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Tras el censo levantado vivienda por vivienda, las autoridades federales y estatales documentaron en Puebla un universo de 20 mil inmuebles con daño total o mayor, resultado de deslaves, socavones y afectaciones estructurales que imposibilitan la permanencia de miles de familias en sus comunidades de origen.

Derivado de ese diagnóstico, dos mil 267 casos quedaron clasificados como de reubicación obligatoria, al ubicarse en zonas de alto riesgo donde la rehabilitación no garantiza seguridad, debido a inestabilidad del suelo, afectaciones severas al entorno y pérdida de condiciones mínimas de habitabilidad.

El levantamiento abarcó 11 municipios y 92 localidades, aunque en 53 de ellas se determinó la necesidad de relocalizar a familias completas, con una concentración relevante de casos en Francisco Zeta Mena, que acumuló mil 154 diagnósticos, seguido por Pantepec y otros municipios con cifras menores.

Las autoridades federales señalaron que este primer corte técnico dio paso a una fase posterior de estudios más minuciosos, orientados a evaluar condiciones geológicas, hidráulicas y de protección civil, con el objetivo de evitar asentamientos en zonas que mantuvieran riesgos estructurales a mediano y largo plazo.

En coordinación con el gobierno estatal, se identificaron cinco predios que permitieron atender de inicio a 685 familias, mientras que terrenos nacionales en manos de la federación comenzaron a incorporarse a la reserva territorial, en tanto continuó la búsqueda de espacios adicionales para cubrir la totalidad de los casos.

Durante la misma semana del anuncio, iniciaron mesas técnicas con autoridades estatales y municipales, así como con la Comisión Nacional de Vivienda, para elaborar cédulas socioeconómicas, programar visitas comunitarias y explicar a las familias las condiciones del proceso de relocalización.

El planteamiento habitacional consideró lotes de 98 metros cuadrados con una vivienda básica de 51 metros cuadrados, diseñada para edificarse en un plazo máximo de seis meses y con cimentación preparada para ampliaciones futuras, según las decisiones y posibilidades de cada familia.

Edna Vega Rangel, secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, informó que los trabajos preliminares de topografía y adecuación de predios iniciarían de inmediato, con el propósito de acelerar la construcción y ofrecer soluciones definitivas a las personas que perdieron sus viviendas durante la emergencia climática.

La estrategia de reconstrucción incluyó no solo vivienda, sino también carreteras, obras de agua potable y drenaje, limpieza de asolves, recuperación de cauces, diques de contención y puentes, con la premisa de que las comunidades quedaran en mejores condiciones que antes del desastre.

El plan integral contempla acciones similares en Veracruz y Hidalgo, las entidades con mayor nivel de afectación junto con Puebla, además de atención específica en Querétaro y San Luis Potosí.

La inversión total estimada para la reconstrucción en los cinco estados ascendió a alrededor de 13 mil millones de pesos, de los cuales dos mil 500 millones correspondieron a Puebla, entidad donde además se programaron obras adicionales de infraestructura carretera e hidráulica.