Foto: Cuartooscuro En la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum se dieron a conocer los adeudos de impuestos y se reveló “la estrategia que un grupo de empresarios usa en perjuicio del pueblo de México“.
Al respecto, Grisel Galeano García, procuradora fiscal de la Federación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, informó “una situación de profunda relevancia para México“, y reveló la evidencia de un grupo empresarial que actualmente está con temas bastante complejos, muchos, en la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Es muy importante detallar, dijo, que este grupo empresarial tiene 32 juicios con más de 74 mil millones de pesos en litigio, “casos que se litigan en todas las instancias del Poder Judicial, desde la Suprema Corte hasta en tribunales colegiados, de distrito y administrativos“.
En lo que Galeano García denominó “situación de asuntos relevantes“, desglosó: “Existen tres juicios en la Suprema Corte, que involucran un monto aproximado de 26 mil millones de pesos; cinco en tribunales colegiados de circuito, con 20 mil mdp; once juicios en el Tribunal de Justicia Administrativa, por 8 mil mdp; y en otras instancias judiciales se ventilan 13 juicios por un monto de 20 mil mdp“.
Específicamente acerca de los tres juicios que se resuelven en la Suprema Corte, la funcionaria mencionó que representan la tercera parte del adeudo total de este grupo, y la última ronda de litigio ya rebasó el año de antigüedad. Y subrayó: “Como a todos los contribuyentes, todos tenemos, por las leyes y procesos fiscales, las garantías de audiencia, es decir, se han respetado los derechos de audiencia y de defensa legal en todas las etapas que el contribuyente decida poner en contra de determinaciones del fisco”.
En las etapas de auditoría, explicó, existe la certeza de que las leyes fiscales “protegen a todos los contribuyentes, ya seamos grandes o pequeños, siempre abrirán la oportunidad de aportar pruebas y exponer argumentos de defensa“. Y así ha sido con “este grupo deudor, que no ha sido sujeto de excepción. De igual forma ante los amparos en la Suprema Corte, se cuenta con la oportunidad de argumentar la defensa necesaria“.
Asimismo, detalló que, de los tres casos en la Suprema Corte, que son los más relevantes, el más antiguo data de 2008, por lo que el incumplimiento lleva 16 años y, para evitar el pago, se han interpuesto 22 juicios y recursos desde entonces. El segundo caso data de 2010, por lo que se ha incumplido el pago por 14 años, interponiendo 10 juicios para no pagar. Y el más reciente es de 2013, con 29 recursos interpuestos para eludir el pago.
Al respecto, subrayó Galeano García, “en todo este tiempo ha ido aumentando la fuerza del litigio y la fuerza del uso, en exceso, de las instancias con que cuentan (para defenderse)”.
A continuación se refirió al caso más antiguo, el de 2008, en el que, ocho años después, el Sistema de Administración Tributaria (SAT) determinó que este grupo sí debía la cantidad indicada, pero a partir de entonces (2016); así, se desencadenó una revocación y un juicio fiscal durante otros cuatro años de litigio, “pues, evidentemente, se trata de cantidades fuertes y (este grupo) no estaba dispuesto a pagar, y después de 2021 a 2023 nos fuimos a juicio en la Suprema Corte, donde hubo tres solicitudes de ejercicio de facultad de atracción por parte de este grupo para que los ministros intervinieran y le quitaran los asuntos a los tribunales colegiados, pero en esas tres ocasiones, esos asuntos regresaron a los tribunales colegiados“.
En 2024, el caso se instaló nuevamente en la Suprema Corte, “que es la última instancia, absolutamente la última, y ahí el SAT está esperando a que este caso se resuelva, pero este grupo empresarial ya interpuso siete impedimentos y siete recusaciones, que son procedimientos dentro de este último amparo, alegando que los ministros tienen intereses personales en contra del grupo y que no son capaces u objetivos para resolver lo que no ha podido ser resuelto a su favor, porque no les corresponde, y así llevan 16 años de incumplimiento“.
Al final, describió el modus operandi de este grupo empresarial “que debe pagar impuestos como todos”. Primero, explicó, este grupo pide a la autoridad que revise muy bien si es verdad que tienen adeudos, incumple dentro de ese proceso de revisión, interpone todos los recursos judiciales de los que dispone, uno tras otro y ante todas las instancias posibles. Después, “en los casos en que este grupo advierte que un juez está por no concederle la razón, entonces lo recusa, es decir, lo declara impedido, y aunque el propio sistema le garantiza (a este grupo) que el juez está perfectamente capacitado para decidir, entonces interpone nuevos juicios, recursos e impedimentos para retrasar indefinidamente la resolución del caso”.
Aclaró que todos los asuntos de este grupo “ya tienen criterios muy establecidos por parte de la Suprema Corte en los que se justifica plenamente la legalidad de la autoridad fiscal, es decir, el SAT ha actuado bien, y la validez de las leyes fiscales aplicadas“.
Los integrantes de este grupo, sostuvo Galeano García, “saben que no tienen la razón y, aun así, litigan con fervor, hacen uso de su gran capacidad corporativa y, lamentablemente tenemos que aceptarlo, hubo apoyo (dentro de la Suprema Corte) para retardar la resolución (a favor del SAT). Es penoso, pero ese es el alcance de esta fuerza corporativa, y por ello agradecemos este cambio de paradigma (elección judicial) y esperamos que esto sea muy benéfico para todas y todos, a través de jueces objetivos“.
Las tácticas dilatorias del grupo empresarial deudor, advirtió, “no les van a seguir funcionando, porque son recursos del erario. Debe reconocerse que ciertos juzgadores han evadido su compromiso con México y no han podido resolver estos asuntos, y por ello pedimos una justicia pronta, imparcial y expedita, pues tenemos que luchar contra estas prácticas nocivas que atentan contra la Constitución. Tenemos mucha confianza en nuestros nuevos juzgadores (que entrarán en funciones el próximo primero de septiembre) de que resolverán este litigio, y exhortamos a este grupo empresarial a cumplir con nuestras obligaciones fiscales, aunque 74 mil mdp es una gran cantidad que podría usar el gobierno de México en beneficio del pueblo”.
