La revocación de mandato en México requiere modificaciones en su diseño para que funcione como un mecanismo efectivo de control democrático, con mayor participación ciudadana y menor costo operativo, plantea Ricardo Monreal Ávila, presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados. El análisis sostiene que este instrumento solo es efectivo si su diseño garantiza participación, accesibilidad y resultados vinculantes, a partir de reglas claras que lo conviertan en una herramienta real de control ciudadano.

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En el documento “Revocación de mandato: condiciones de diseño y eficacia democrática”, el también coordinador parlamentario de Morena expone que, aunque este mecanismo ya está reconocido en la Constitución, su diseño actual presenta limitaciones que reducen su alcance y lo alejan de su objetivo como instrumento de evaluación ciudadana.

El análisis parte de un principio central: el poder político no es permanente, sino un encargo de la ciudadanía que puede retirarse si no se cumple. Bajo esta lógica, la revocación de mandato forma parte de los mecanismos de democracia participativa que permiten evaluar a los gobiernos durante su ejercicio, más allá de las elecciones periódicas.

El documento señala que la eficacia del mecanismo depende directamente de su diseño institucional. Factores como la fecha de realización, los requisitos de participación, la accesibilidad territorial y la organización del proceso determinan si puede producir resultados vinculantes o quedar limitado a un ejercicio sin efectos.

Como referencia, se analiza el primer ejercicio nacional realizado en 2022, el cual registró una participación de 17.77% de la lista nominal, muy por debajo del 40% requerido para que el resultado fuera vinculante. Aunque la mayoría de los votos se emitió a favor de la continuidad del titular del Ejecutivo, el proceso no tuvo efectos legales.

El documento indica que este resultado está asociado al modelo vigente, que establece la realización del ejercicio fuera del calendario electoral ordinario. Esta condición limita la participación, reduce la accesibilidad y eleva los costos de organización. El proceso implicó un gasto aproximado de 1,692.5 millones de pesos, con un costo superior a 100 pesos por voto emitido.

El análisis advierte que este comportamiento es consistente con otros ejercicios realizados fuera de jornadas electorales, que registran niveles de participación considerablemente menores frente a elecciones ordinarias, donde la asistencia supera el 50% del electorado.

A partir de este diagnóstico, el documento analiza la iniciativa de reforma presentada por la presidenta Claudia Sheinbaum, enfocada en modificar el diseño del mecanismo para hacerlo operativo y funcional.

El documento refiere que la iniciativa propone que la revocación de mandato se realice el primer domingo de junio del tercer o cuarto año de gobierno, con posibilidad de coincidir con elecciones intermedias, con el objetivo de aprovechar la infraestructura electoral existente, ampliar la cobertura territorial y facilitar la participación ciudadana.

Asimismo, expone que la propuesta contempla ampliar el periodo para solicitar la revocación —al incluir el segundo año de gobierno— y permitir que la persona titular del Ejecutivo Federal participe en el proceso y promueva el voto a su favor, bajo la prohibición de utilizar recursos públicos, tiempos oficiales o contratar propaganda. También plantea modificar los tiempos de suspensión de propaganda gubernamental.

El documento señala que, bajo un esquema concurrente, la participación podría superar el 50%, lo que incrementaría la probabilidad de alcanzar el umbral constitucional requerido para que el resultado tenga efectos vinculantes. En ese escenario, también se reduciría de manera significativa el costo por voto, al aprovechar la infraestructura ya desplegada y ampliar el número de casillas.

El análisis incorpora una revisión comparada y señala que la revocación de mandato está contemplada en más de 26 países. La evidencia internacional muestra que el mecanismo funciona cuando su diseño facilita la participación y pierde eficacia cuando impone barreras que la limitan.

En Colombia, argumenta, entre 1994 y 2015 se promovieron más de 160 procesos de revocación, pero ninguno prosperó debido a los altos requisitos de participación.

En contraste, señala, en Estados Unidos, donde el mecanismo opera a nivel subnacional, los ejercicios que coinciden con elecciones ordinarias registran mayores niveles de participación, reducen sesgos en el electorado y mejoran la eficiencia del proceso.

El documento concluye al señalar que el diseño de la revocación de mandato determina su viabilidad y sus resultados, al definir los niveles de participación, los costos del proceso y la posibilidad de que el ejercicio tenga efectos vinculantes.