La titular de la Secretaría de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, dio a conocer los 10 puntos centrales de la iniciativa de reforma electoral que el Ejecutivo federal enviará al Congreso para su discusión en el actual periodo legislativo.

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Rodríguez explicó que la propuesta busca fortalecer la democracia, reducir costos y garantizar mayor transparencia, mediante ajustes al Instituto Nacional Electoral (INE), a los partidos políticos y a los tribunales electorales, así como nuevas reglas en materia tecnológica y de participación ciudadana.

En materia de integración legislativa, la funcionaria señaló que la Cámara de Diputados conservará sus 500 integrantes, todos electos por votación directa, y detalló que 200 corresponderán a representación proporcional bajo el esquema vigente, mientras que 30 serán electos por distrito electoral conforme a lo planteado en la iniciativa.

Respecto al Senado, indicó que se integrará por 96 escaños: 64 de mayoría relativa y 32 asignados a la primera minoría, con la eliminación de la lista nacional de representación proporcional, con el propósito de reforzar el principio de competencia territorial.

La secretaria informó que la reforma contempla un recorte de 25% en el costo de las elecciones, mediante la reducción de recursos destinados al INE, partidos políticos, Organismos Públicos Locales Electorales y tribunales, además de ajustes salariales y eliminación de duplicidades administrativas.

Rodríguez precisó que la propuesta establece que ningún funcionario del INE percibirá ingresos superiores a los de la Presidenta de la República, en apego al artículo 127 constitucional, y que se revisarán bonos y compensaciones internas.

En el apartado de fiscalización, la iniciativa otorgará al INE acceso oportuno a las operaciones financieras de partidos y candidaturas, prohibirá aportaciones en efectivo y permitirá el uso de nuevas tecnologías para supervisar el origen y destino de los recursos.

Sobre el voto en el extranjero, la titular de Gobernación expuso que se facilitarán los mecanismos de participación para la población migrante, incluida la elección de diputaciones migrantes, con el objetivo de ampliar la representación política fuera del país.

En relación con los tiempos oficiales en radio y televisión, la reforma plantea la reducción de 48 a 35 minutos diarios por emisora en periodo electoral, como parte de la estrategia de racionalización del gasto y simplificación operativa.

La funcionaria incorporó un apartado específico sobre Inteligencia Artificial y redes sociales, en el que se regulará su uso en campañas electorales, se prohibirá la utilización de bots y mecanismos artificiales de manipulación digital, y se establecerán reglas para garantizar equidad en el entorno tecnológico.

Asimismo, la iniciativa prevé que los cómputos distritales inicien inmediatamente después del cierre de la jornada electoral, con el fin de agilizar la difusión de resultados oficiales y reducir márgenes de incertidumbre.

En materia de democracia participativa, la propuesta amplía la posibilidad de consultas populares y revocación de mandato a nivel estatal y municipal, e incluye la autorización del voto electrónico bajo condiciones de seguridad y supervisión institucional.

Rodríguez reiteró que la reforma incorpora la prohibición constitucional del nepotismo en cargos de elección popular, al establecer que dichos puestos no podrán ser heredados a familiares directos, y confirmó que la no reelección consecutiva inmediata aplicará a todos los cargos a partir de 2030.

La secretaria sostuvo que con estas medidas se busca transitar hacia un modelo en el que todos los aspirantes compitan directamente por el voto ciudadano, sin espacios asegurados por posición en listas, y en el que la paridad se refuerce mediante esquemas que garanticen equilibrio en la integración legislativa.

El Ejecutivo federal enviará el proyecto al Congreso de la Unión para su análisis, discusión y eventual aprobación, en un contexto en el que el sistema electoral mexicano enfrenta debate sobre costos, representación y uso de nuevas tecnologías en los procesos democráticos.