GERARDO GUTIÉRREZ 

La autorización de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) para que su órgano de decisión sesione y tome resoluciones con sólo cuatro de siete comisionados es una gran noticia en la lucha por la transparencia pública y por un auténtico Estado democrático de derecho. Fueron casi cinco meses de paro por falta de quórum, provocada deliberadamente por la fuerza política dominante en México, al impedir que en el Senado se cumpliese con la obligación constitucional de designar a nuevos integrantes.

Es preciso no obviar lo que hay de fondo. Lo pone claro el comunicado de la Corte: “la parálisis del INAI ha venido actualizando la violación de manera cotidiana y reiterada de dos derechos fundamentales: el derecho de acceso a la información, así como el derecho de protección de datos personales”.

Hemos estado ante una práctica sistemática de contravención de esos principios, con trazas de política gubernamental para lo opuesto: un régimen de opacidad. Cada vez se reserva y niega más la información pública, vulnerando el derecho a saber  de los ciudadanos y, con ello, un elemento central para la democracia: la rendición de cuentas. Entre tanto, se cultiva el desdén y el ataque contra las instituciones garantes de esos derechos, tanto en lo discursivo como en lo presupuestal, y como se vio con el Inai, tratando de forzar su eliminación o inoperancia.

El Artículo 6º Constitucional establece que “toda la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos […] es pública […] y sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público y seguridad nacional”. La transparencia no es una concesión discrecional de las autoridades.

Más aún, en “la interpretación de este derecho deberá prevalecer el principio de máxima publicidad”. La información de los sujetos obligados debe ser pública, completa, oportuna y accesible, como norma y no en excepción. Sin embargo, en los últimos años ha ocurrido lo contrario, con pretextos o simples negativas; recurriendo, cada vez más, a expedientes como el de seguridad nacional o el de “información inexistente”. Incluso se veda el acceso en un tema tan trascendente como los planes de estudio y la elaboración de los libros de texto de educación básica.

Al corte del 2022 se habían ya duplicado respecto al sexenio anterior las inconformidades por negativas de acceso a información. Entre 2016 y 2018, el Inai registró un promedio anual de 9 mil 189 recursos a escala federal. De 2019 a 2022: 17 mil 173. Mientras que de 2015 a 2018 recibió un promedio de 26.8 al día, entre 2018 y 2022 la media fue 53.23.

La opacidad reina en la Administración Pública Federal, y aún más en áreas tan delicadas como la salud, uno de los sectores con mayor retroceso en la materia. Hay casos de escándalo como los contratos para adquirir vacunas y en el Instituto Mexicano de Seguridad Social se pasó de poco más 4 mil recursos de revisión en la pasada administración a más de 6 mil 200 en el presente gobierno, el cual, paradójicamente se ha autocalificado como el “más transparente de la historia”, algo que pondera como “regla de oro de la democracia”.

En opacidad lo mismo han quedado documentos sobre el caso Ayotzinapa que los “megaproyectos”, declarados de seguridad nacional desde 2021, incluyendo el Tren Maya, a pesar de los fundados reclamos sobre devastación ambiental. En el caso del Aeropuerto de Santa Lucía, cuando tras meses de batalla jurídica consiguió algo de información, Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) encontró que sólo estaba transparentado uno de cada cuatro pesos gastados. El resto, un misterio.

Sabotaje es el calificativo que ha usado MCCI sobre la política de transparencia. Es preciso, como ha trascendido al exponerse las instrucciones desde el Poder Ejecutivo a legisladores para bloquear los nombramientos en el Inai, vulnerando, de paso, la división de poderes.

El presupuesto del organismo ha sido recortado en 24% real de 2018 a 2023, al mismo tiempo que se ha intentado mermar su reputación y funcionamiento. MCCI señala que el número total de reportes en la Plataforma Nacional de Transparencia ha disminuido 36 por ciento. Siete de cada 10 bases de datos públicos están abandonadas o sin actualizar desde hace al menos dos años. Se ha optado por menoscabar y paralizar por distintas vías a las instituciones y los mecanismos de transparencia construidas desde 2002.

De ahí la relevancia de la decisión de la Suprema Corte. Al retomar sus sesiones, el Pleno del INAI podrá comenzar a resolver más de 8 mil medios de impugnación pendientes, la mayoría revisiones contra negativas del Gobierno para abrir información. Como señaló el organismo autónomo, cada uno “representa a una persona que vio vulnerado su derecho de acceso a la información o el de protección de datos personales”.

Estamos ante un retroceso dramático en materia de transparencia y por ende en la rendición de cuentas de los gobernantes. Es preciso pararlo desde la ciudadanía. La opacidad propicia la corrupción, el abuso de autoridad, la impunidad. En la transparencia se juga la democracia y el futuro del país.