El Servicio de Administración Tributaria (SAT) informó que en enero de 2026 notificará formalmente el requerimiento de pago por 51 mil millones de pesos a dos empresas pertenecientes a Grupo Salinas, luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) desechó de manera definitiva los recursos interpuestos contra resoluciones fiscales determinadas desde hace más de una década.

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Durante la conferencia matutina, el titular del SAT, Antonio Martínez, explicó que los adeudos derivaron de resoluciones administrativas emitidas entre 2013 y 2018, mediante las cuales la autoridad fiscal determinó improcedente la aplicación de pérdidas fiscales en el impuesto sobre la renta (ISR) correspondientes a los ejercicios de 2008 a 2013.

Al respecto, la presidenta Claudia Sheinbaum señaló que el pago corresponde a un procedimiento estrictamente legal y administrativo, y descartó que exista un trasfondo político en la decisión de informar el tema desde la conferencia matutina.

Recordó que, de acuerdo con las resoluciones previas de los tribunales y la legislación vigente, los contribuyentes cuentan con el derecho de solicitar descuentos o ajustes al monto determinado, siempre dentro de los esquemas y condiciones previstos por la ley.

“Es importante que se conozca por qué es tema en la mañanera, lo que dice la ley, porque a eso nos sujetamos nosotros… se notifica en enero y esperemos que se pague así de sencillo. Si no pagan, pues entonces ya viene otro proceso que ya sería tema posterior”, expresó.

Martínez precisó que, una vez notificada la resolución de la SCJN al SAT, la autoridad fiscal tiene la obligación legal de continuar con el procedimiento de cobro, por lo que en enero de 2026 se emitirá el requerimiento de pago, conforme a lo establecido en el Código Fiscal de la Federación.

El funcionario explicó que, tras la notificación, iniciará el plazo para el pago voluntario, durante el cual los contribuyentes podrán solicitar esquemas de pago y, dependiendo del orden y modalidad elegidos, ajustes a la baja de hasta 39 por ciento, siempre conforme a la ley y a las sentencias emitidas.

La presidenta subrayó que el caso se mantiene estrictamente en el ámbito legal, jurídico y administrativo, y señaló que el gobierno federal se apega a lo que marca la ley, sin considerar factores políticos en el desarrollo del procedimiento de cobro.

“Se notifica en enero y esperemos que se pague así de sencillo. Si no pagan, pues entonces ya viene otro proceso que ya sería tema posterior”, afirmó la mandataria al remarcar el carácter jurídico del caso.

Indicó que, una vez emitida la notificación en enero, se espera que las empresas cubran el adeudo, y advirtió que, de no hacerlo, se activarían etapas posteriores previstas en el marco fiscal, las cuales serían informadas en su momento por la Secretaría de Hacienda y el SAT.

Indicó que la Procuraduría Fiscal ha supervisado el proceso por tratarse de su responsabilidad directa, al igual que la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno, y adelantó que el SAT y la Secretaría de Hacienda continuarán informando sobre el desarrollo del procedimiento a partir de enero.

Sobre la búsqueda de una entrevista por parte del propietario del grupo empresarial, la mandataria evitó pronunciarse y subrayó que no considera relevante emitir una opinión al respecto, al tratarse de un asunto ajeno al proceso legal en curso.

“Ojalá pague”, añadió la presidenta al señalar que, una vez notificada la resolución en enero, iniciará el proceso previsto por la ley, incluido el análisis de esquemas de pago, de acuerdo con el orden y las modalidades permitidas.

Finalmente, ante una pregunta sobre el posible destino de esos recursos, apuntó que el monto de 51 mil millones de pesos es comparable con el presupuesto anual de programas sociales como la Pensión Mujeres-Bienestar, que para el próximo año contempla 59 mil millones de pesos.