A poco más de dos meses de que concluyan los trabajos de la actual Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en los listados para las sesiones pendientes está el del proyecto para dar respuesta a la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que determinó que la prisión preventiva oficiosa viola derechos humanos.

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Ante ello, la presidencia de la República le solicitó a la Corte suspender la discusión de este tema hasta que entren en funciones los próximos ministros, que iniciarán sus labores el 1 de septiembre.

Al igual que lo hizo en el caso de Juan Hilda González, que también pidió posponer, pero que fue rechazada, el gobierno federal solicita que sean los ministros electos en las urnas el 1 de junio quienes revisen este asunto.

En los listados de la Corte para resolver en el pleno aparece el expediente sobre la recepción de sentencias de tribunales internacionales, que fue promovido por la presidenta de la SCJN, Norma Piña, respecto de la participación del Poder Judicial de la Federación en la ejecución de la sentencia dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso García Rodríguez y otro vs. México, del 25 de enero de 2023.

La CIDH determinó que la prisión preventiva oficiosa viola derechos fundamentales como la presunción de inocencia, la libertad personal y la igualdad ante la ley. Determinó además que esta medida es contraria a la Convención Americana sobre Derechos Humanos y ordenó al Estado mexicano adecuar su legislación para eliminarla.

La CIDH argumentó que la prisión preventiva oficiosa impide que los jueces analicen caso por caso la necesidad de la medida, lo que resulta en detenciones arbitrarias y prolongadas sin justificación adecuada.

Además, destacó que esta práctica ha sido utilizada en México para mantener a personas privadas de libertad por más de 17 años sin sentencia firme, lo que constituye una violación grave a los derechos humanos.

Sin embargo, el presidente Andrés Manuel López Obrador en su momento y la presidenta Claudia Sheinbaum han pedido detener esta discusión.

Por su lado, gobernadores del país también se oponen a que sea declarada ilegal esta figura, porque ello implicaría la salida de prisión de alrededor de 68 mil personas, lo que ocasionaría una crisis de seguridad.

CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO

No obstante, México está obligado a acatar sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y el Poder Judicial debe participar en el cumplimiento de las sentencias.

Pero la consejería jurídica de la presidencia de la República envió una solicitud a la presidenta de la SCJN señalando que ante la relevancia del tema y las repercusiones que tendrá en el país sea la próxima integración de la Corte quien tome la decisión, donde, por cierto salieron electos perfiles afines a la Cuarta Transformación.

El proyecto del ministro Jorge Pardo Rebolledo, que podría alcanzar a sesionar en las semanas que faltan, propone eliminar la prisión preventiva oficiosa y sustituirla por la prisión preventiva justificada, permitiendo que cada juez analice caso por caso antes de decidir si una persona debe permanecer recluida mientras se le investiga y juzga.

Establece que los jueces deberán revisar la Convención Americana sobre Derechos Humanos antes de aplicar la prisión preventiva, asegurando que sus decisiones sean compatibles con los estándares internacionales.

De aprobarse esta propuesta, que solo requiere seis votos a favor, permitiría que los jueces inapliquen el segundo párrafo del artículo 19 de la Constitución, que establece los delitos que requieren prisión preventiva automática.

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Este tema deberá resolverse en los próximos días, dependiendo del tiempo que le tome a los ministros discutir los asuntos listados antes de este punto y será entonces cuando se decida si se acepta la petición de la presidencia de la República.