Después de una discusión de seis horas y media, en el pleno del Senado de la República se aprobó que en la ampliación del catálogo que amerita la prisión preventiva oficiosa se incluya a quien emita comprobantes fiscales falsos.
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Morena y aliados obtuvieron la aprobación poco antes de la medianoche con 94 votos a favor y 34 en contra.
Antes de la aprobación de la reforma y que la minuta fuera enviada a los congresos estatales para su aprobación, el bloque opositor conformado por los partidos de Acción Nacional, Revolucionario Institucional y Movimiento Ciudadano advirtieron que la prisión preventiva oficiosa, principalmente en el delito de la emisión de comprobantes fiscales deja a un lado la presunción de inocencia, lo cual es violatorio a los derechos humanos.
“Desvirtúa el principio de la justicia y, en la práctica, castiga a quienes aún no han sido declarados culpables, además de que contradice las recomendaciones de organismos internacionales, como la Organización de las Naciones Unidas y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por ser arbitraria y violatoria a las garantías individuales”, advertía la senadora priísta Karla Guadalupe Toledo Zamora.
En tanto, el senador por Acción Nacional, Francisco Ramírez Acuña advertía que avalar la prisión preventiva oficiosa era darle “poder a las fiscalías de encarcelar a cualquier ciudadano víctima de la invención de delitos, de la fabricación de carpetas de investigación, la siembra de pruebas falsas o de denuncias anónimas”.
En respuesta, la morenista Lucía Trasviña justificaba la prisión preventiva oficiosa al señalar que esto impedirá la impunidad y que los delitos como la emisión de comprobantes fiscales, la extorsión y el tráfico de drogas continúen dañando a la población. “Es una medida excepcional, pero indispensable”, enfatizaba en su participación.
Andrea Chávez, también senadora por Morena, fue más allá al pedirle a la oposición que no fueran parte del problema y con el apoyo de una mampara, recordó que la jefatura de Gobierno y los gobernadores de todo el país pidieron a la Suprema Corte de Justicia de la Nación que se mantuviera la figura de la prisión preventiva.