AIDA RAMÍREZ

Foto: Cuartoscuro

Ahora es la Comisión para el Acceso a la Verdad, el Esclarecimiento Histórico y el Impulso a la Justicia de las Violaciones Graves a los Derechos Humanos cometidos de 1965 a 1990, quien acusa a la Secretaría del Ejército Nacional (Sedena) de entorpecer las investigaciones que se llevan a cabo desde el año pasado, sobre lo que se denominó el periodo de “guerra sucia en el país”.

Ante Alejandro Encinas Rodríguez, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, en su calidad de presidente de la Comisión, David de Jesús Fernández Dávalos, del mecanismo de esclarecimiento, dijo que se entregó un informe privado al mismo Encinas, en donde se reportan hechos que podrían ser constitutivos de delitos como la obstrucción de consulta de archivos, su alteración, mutilación y ocultamiento.

Señaló que dentro del documento, hay un apartado denominado “Las formas del silencio”, donde se explica cómo se ha pasado de una colaboración pasiva del Ejército a una política de obstrucción en la investigación.

“Estos obstáculos se han multiplicado porque personal militar ha ocultado información, alterado, mutilado así como la inutilización total o parcial de expedientes. Por lo que Sedena desobedece la instrucción presidencial, al sólo permitir el ingreso al archivo, pero se obstaculiza la consulta y reproducción digital” de documentos, aseveró Fernández Dávalos.

Por lo anterior, indicó que el Mecanismo decidió retirar al equipo de personas investigadoras que estuvieron hasta finales de septiembre pasado de los lugares de la Sedena, “hasta que no se modifiquen las condiciones señaladas”.

Al respecto, el subsecretario de Gobernación señaló en su mensaje inicial, que el propósito fundamental de la segunda sesión extraordinaria de la Comisión, es dar cuenta del estado que guarda el trabajo que ha venido desempeñando cada uno de los cinco mecanismos que integran la Comisión, así como trazar la ruta de lo que será el cierre de los trabajos de la Comisión de cara al término de este gobierno, “porque hay que recordar que esta Comisión tiene un mandato perentorio en el decreto presidencial que concluye al momento en que se terminen las funciones de la actual administración.

“Creo que el número de testimonios, la revisión de archivos, de instalaciones militares y todo lo que es la integración de archivos, que todavía tenemos mucho retraso con archivos vinculados al Estado Mayor Presidencial, Guardias Presidenciales, y otras instituciones, habrá que seguir insistiendo”, señaló.

En tanto, Javier Yankelevich, director de Operaciones de Búsqueda, dijo que se continúa con la búsqueda de personas detenidas desaparecidas y que se continuará con su búsqueda hasta su localización.

Destacó que conforme a la información obtenida, se sabe que “al menos una parte de las personas desaparecidas fueron entregadas al Semefo (Servicio Médico Forense en calidad de desaparecidos, como sucedió en otros países como Argentina, Colombia y Guatemala durante la época.

“Se estiman varias veintenas de miles de cuerpos que se han enterrado en las fosas comunes del panteón de Dolores, en más de un siglo. Y la operación de recuperación e identificación de las víctimas de este periodo -guerra sucia-, supondría la operación forense de mayor magnitud de la historia de América Latina”, dijo

Asimismo, indicó que se espera tener la cooperación del equipo de Argentina en materia de antropología forense para el diseño de un plan de recuperación, búsqueda e identificación de los cuerpos en las fosas.

Comentó que se busca que un buque oceanográfico con ecosondas, permita localizar algún indicio en el fondo marino en costas de Guerrero, tras los llamados “vuelos de la muerte”.

Por otro lado, se informó que hay dos mil 328 víctimas inscritas por hechos derivados del periodo de la guerra sucia en el Renavi (Registro Nacional de Víctimas), en donde mil 057 son mujeres, y mil 096 hombres, y la mayoría son personas indirectas menores de 50 años, y el resto, 19% son mayores de 55 años, lo que da cuenta que “las víctimas directas de la guerra sucia están muriendo y no accediendo a la reparación integral”.

En ese sentido, se destacó que las víctimas son de 17 entidades, principalmente de Guerrero, Sinaloa, Jalisco, Ciudad de México y Chiapas.

Hasta el momento, 50 personas ya tiene el reconocimiento de víctimas, y la semana pasada se iniciaron las entrevistas para realizar los dictámenes de reparación integral de daño, y en donde el primer grupo será de mujeres, adultas mayores, víctimas directas o indirectas -como esposas de las persona desaparecidas-.