La senadora Guadalupe Chavira de la Rosa informó que el Senado de la República debatirá el próximo 3 de marzo reformas orientadas a fortalecer la inversión en infraestructura, incluidas modificaciones a los esquemas de participación del sector privado mediante contratos mixtos y Asociaciones Público-Privadas, con el propósito de impulsar el crecimiento económico y reforzar la capacidad del país frente a la volatilidad internacional y las medidas arancelarias impuestas por Estados Unidos.

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La legisladora morenista señaló que el análisis se realizará en el marco del foro “Infraestructura para el Bienestar”, organizado por senadores de Morena y la Comisión de Reordenamiento Urbano y Vivienda, presidida por el senador Luis Armando Melgar, con la participación de especialistas, académicos y economistas, quienes revisarán la normatividad vigente y las condiciones de participación de la inversión privada en sectores estratégicos.

Indicó que el Senado participará en la actualización del marco jurídico a partir del Plan de Inversión en Infraestructura 2026-2030 presentado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, así como de la iniciativa impulsada por el diputado Alfonso Ramírez Cuéllar para expedir la Ley General de Infraestructura para el Bienestar, que busca establecer nuevas bases legales para el desarrollo de proyectos en el país.

El plan federal contempla una inversión pública y mixta de 5.6 billones de pesos durante los próximos cuatro años en sectores como energía, trenes, carreteras, puertos, salud, agua, educación y aeropuertos. Para este año se prevé una inversión inicial de 722 mil millones de pesos adicionales al presupuesto, equivalente a aproximadamente 2 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB).

La senadora explicó que uno de los ejes de este plan es la actualización de la normatividad para incorporar contratos mixtos que permitan la participación conjunta del sector público y privado, con el objetivo de impulsar el desarrollo y mejorar la competitividad.

También señaló que es necesario revisar el funcionamiento de las Asociaciones Público-Privadas creadas en 2012, debido a que diversos análisis han identificado problemas como distribución inequitativa de riesgos, falta de transparencia, supervisión insuficiente y prevalencia de intereses privados sobre el interés público.

Afirmó que el fortalecimiento de la infraestructura requiere un marco regulatorio especializado que atienda la complejidad técnica, financiera y jurídica de estos proyectos, y que la participación privada debe contribuir a generar soluciones sostenibles, innovadoras y con impacto social, además de fortalecer la economía nacional frente a los cambios en el entorno internacional.