Senado dictaminará el próximo lunes iniciativa en materia de seguridad pública

Posteriormente, será discutida en el pleno para su aprobación



Cuartoscuro.com

El próximo lunes se dictaminará la iniciativa para reformar y adicionar el artículo 21 de la Constitución, en materia de seguridad pública, acordaron las juntas directivas de las comisiones de Puntos Constitucionales, Seguridad Pública y Estudios Legislativos Primera, del Senado de la República.

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A partir de mediodía, los senadores que integran las comisiones discutirán la iniciativa que envió la presidenta Claudia Sheinbaum con la que pretende ampliar las facultades de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, que preside Omar García Harfuch para combatir la delincuencia y reducir los índices de criminalidad que va acompañada de la Estrategia Nacional de Seguridad.

Con esta iniciativa, una vez que sea discutida y aprobada ante el pleno, el gobierno de Sheinbaum Pardo dará facultades a la Secretaría de Seguridad Ciudadana para que pueda armar carpetas de investigación para “eficientar la coordinación interinstitucional para hacer más eficiente el combate a la delincuencia”.

Lo anterior, se argumenta la iniciativa se logrará con la integración de las carpetas a través de investigaciones propias y así coadyuvar con la Fiscalía General de la República para indagar delitos y cumplimentar órdenes de aprehensión “actuado bajo la conducción y mando del Ministerio Público Federal”.

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Con esta iniciativa, la administración federal lo que busca también es que se fortalezcan los lazos de colaboración y coordinación de las instituciones que integran el Sistema Nacional de Seguridad Pública.

La SSC, en caso de que se apruebe la iniciativa, tendrá la responsabilidad de desarrollar e implementar políticas públicas en materia de información estratégica e inteligencia aplicada a la seguridad pública.

Entre otras cosas, podrá solicitar información a las instituciones y dependencias del Estado para identificación y esclarecimiento de los hechos presuntamente constitutivos de delitos, para garantizar el control y vigilancia efectivos de los fondos federales destinados a la seguridad pública, como garantía de un buen gobierno para la población.