La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que la política exterior de México se basa en la soberanía, la independencia y la dignidad nacional, y subrayó que su gobierno mantiene relaciones de cooperación y diálogo con otros países, pero sin subordinación. Señaló que México negocia y trabaja con sus vecinos desde una posición de respeto mutuo, sin aceptar imposiciones externas.

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“Nosotros negociamos, trabajamos con nuestros vecinos, pero nunca nos subordinamos“, expresó la presidenta, al reiterar que México es un país libre, independiente y soberano.

Indicó que esta postura forma parte de una tradición histórica y de una visión de gobierno que defiende los intereses nacionales y el proyecto de nación definido por el pueblo de México.

Sin referirse a su homólogo estadounidense Donald Trump, quien horas antes había declarado que en cualquier momento podrían registrarse acciones militares por tierra realizarse “en cualquier lugar, incluido México”, Sheinbaum Pardo sostuvo que su gobierno actúa con principios claros en materia de política exterior y que la relación con otros países se construye desde el respeto, la cooperación y el diálogo, sin subordinación.

Lo anterior lo afirmó al encabezar la entrega de viviendas y documentos del Programa de Vivienda para el Bienestar en Reynosa, Tamaulipas, donde vinculó la defensa de la soberanía nacional con una política social orientada a garantizar derechos y no privilegios, y sostuvo que su administración gobierna en función del interés del pueblo y no de intereses externos.

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En ese contexto, la presidenta afirmó que la reestructuración y cancelación de deudas impagables de créditos de vivienda representa un acto de justicia social, al corregir un modelo que durante décadas convirtió la vivienda en una mercancía y no en un derecho. Señaló que ese esquema generó créditos mal diseñados que crecían con el tiempo aun cuando los derechohabientes cumplían con sus pagos, dejando a miles de familias atrapadas en deudas imposibles de saldar.

Indicó que su gobierno decidió poner fin a esa práctica mediante una política que prioriza el bienestar y la certeza patrimonial de las familias, al ordenar la reestructuración o cancelación de los créditos impagables del Infonavit y del FOVISSSTE, con el objetivo de que las personas puedan concluir el pago de su vivienda de acuerdo con sus ingresos y contar con un patrimonio propio.

A nivel nacional, la reestructuración y cancelación de deudas impagables de créditos de vivienda del Infonavit y el FOVISSSTE ha alcanzado a más de 4.8 millones de financiamientos. En Tamaulipas, 288 mil créditos fueron atendidos mediante esquemas que incluyeron liquidaciones totales y reducciones del saldo, lo que permitió a los derechohabientes regularizar su situación patrimonial y continuar con pagos accesibles hasta concluir su obligación.

Por su parte, el gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, destacó que la entidad se ha colocado entre las más avanzadas en el cumplimiento de las metas del Programa de Vivienda para el Bienestar, con proyectos y contratos firmados que permitirán ampliar la oferta de vivienda social en distintos municipios del estado. Señaló que esta política responde a una visión orientada a garantizar bienestar, justicia social y acceso real a un patrimonio para las familias tamaulipecas.

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A su vez, el director general del Infonavit, Octavio Romero Oropeza, explicó que muchos de los créditos otorgados en administraciones anteriores estaban diseñados de manera que los trabajadores pagaban intereses sin reducir el capital, lo que provocó que los adeudos se incrementaran de forma desproporcionada hasta volverse impagables. Detalló que, como resultado del proceso de reestructuración, miles de créditos quedaron totalmente liquidados y otros recibieron reducciones significativas del saldo.

Romero Oropeza añadió que también se implementó un programa de liberación gratuita de hipotecas para personas que ya habían concluido el pago de su crédito, pero que no contaban con recursos para realizar el trámite de liberación de gravamen, con el fin de otorgar certeza jurídica plena sobre la propiedad de la vivienda.