La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que Morena ni fuerza política alguna funcionan como “paraguas” para delinquir o corromperse, al tiempo que reiteró que cualquier funcionario está sujeto a la ley cuando existen señalamientos en su contra con sustento probatorio presentados ante la fiscalía.

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“Es muy importante que sepan, porque además este alcalde es de Morena, ningún partido político y menos Morena puede ser un paraguas para delinquir o para corromperse, eso debe quedar muy claro en el país”.

Indicó que la detención del presidente municipal de Tequila, Jalisco, se originó en múltiples denuncias de ciudadanos y empresarios por presuntos actos de extorsión y corrupción, y subrayó que ningún partido, incluido Morena, protege conductas ilegales.

Sheinbaum explicó que recibió de manera directa quejas de ciudadanos y empresarios de la región tequilera, las cuales se integraron a una carpeta de investigación que, tras reunir elementos suficientes, permitió solicitar y cumplir una orden de aprehensión conforme a los procedimientos judiciales vigentes.

En el ámbito operativo, el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, indicó que las pesquisas se apoyaron en denuncias de pequeñas, medianas y grandes empresas, y que el caso se vinculó a acciones coordinadas dentro del Operativo Enjambre, enfocado en combatir la impunidad.

Entre las denuncias consideradas figuró la presentada por Grupo Cuervo, que señaló presunta extorsión mediante la exigencia de pagos para evitar clausuras, lo que reforzó la línea de investigación sobre prácticas ilícitas atribuidas al gobierno municipal.

García Harfuch explicó que la investigación contra el alcalde de Tequila avanzó a partir de un volumen consistente de denuncias ciudadanas y empresariales que permitieron integrar una carpeta con elementos suficientes, misma que fue presentada ante un juez para obtener la orden de aprehensión conforme a los cauces legales.

Precisó que el Operativo Enjambre responde a la instrucción presidencial de cero impunidad desde el inicio del actual gobierno, y recordó que las indagatorias no se dirigen de manera discrecional contra autoridades, sino que surgen al identificar, mediante pruebas, la participación de servidores públicos en conductas delictivas.

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La presidenta enfatizó que el proceso judicial garantiza el debido proceso y la presunción de inocencia, y que correspondería al juez determinar responsabilidades y, en su caso, sanciones, bajo el principio de que la ley operó como norma social indispensable frente a cualquier abuso de poder.