Al considerar que el modelo vigente no garantiza consecuencias a las denuncias ciudadanas, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció que enviará reformas al Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) con un enfoque orientado a fortalecer la participación directa de la población y articularla con la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno.

LEE ADEMÁS: Trump reitera que México dejará de enviar petróleo a Cuba

Durante la conferencia matutina en la Cineteca Nacional, la mandataria explicó que el eje de la propuesta será empoderar a los ciudadanos para que cualquier denuncia por actos de corrupción active procesos efectivos de seguimiento y resolución, al subrayar que vivir en un entorno libre de corrupción no sólo constituye un derecho, sino una obligación del Estado.

Sheinbaum detalló que el rediseño del sistema buscará una coordinación más funcional entre las instituciones encargadas del control y la fiscalización, como la ASF, y la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, con el objetivo de cerrar vacíos que actualmente impiden que las quejas ciudadanas deriven en sanciones concretas.

La presidenta precisó que los procesos de renovación institucional se mantienen dentro de los plazos legales, al recordar que la apertura de los procedimientos de la ASF corresponde a febrero y que la designación de consejeros del Instituto Nacional Electoral se programó para abril, mientras que el Comité de Participación Ciudadana del SNA entró en una nueva etapa tras concluir recientemente su presidencia.

Sobre la continuidad del sistema, Sheinbaum sostuvo que el problema central no radica únicamente en los perfiles que integran los órganos del SNA, sino en un diseño normativo que no otorga a la ciudadanía herramientas reales para incidir cuando enfrenta prácticas corruptas en su vida cotidiana.

La mandataria adelantó que las iniciativas en preparación incorporarán mecanismos para que cada denuncia ciudadana tenga consecuencias verificables, al enfatizar que este principio no quedó plenamente establecido en la legislación vigente y que su gobierno buscará corregir esa omisión como parte de una política anticorrupción más efectiva.