La presidenta Claudia Sheinbaum consideró adecuada la decisión de los nuevos ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de no utilizar camionetas blindadas valuadas en millones de pesos y devolverlas al Órgano de Administración Judicial, en un contexto de revisión del gasto, cambio de visión institucional y cuestionamientos al uso de recursos públicos en el Poder Judicial.

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Desde Palacio Nacional, la presidenta afirmó que le pareció positiva la determinación de los ministros de no utilizar las camionetas blindadas que les habían sido asignadas, al señalar que se trata de una nueva etapa del máximo tribunal que debe reflejar una relación distinta frente a la ciudadanía y al uso de los recursos públicos.

Explicó que el tema forma parte de una discusión más amplia sobre la forma en que el nuevo Poder Judicial asume sus funciones, luego de que los propios ministros anunciaron que ofrecerían una conferencia para detallar el contexto de la adquisición y las razones de su decisión, lo que permitió abrir una conversación pública sobre austeridad y prioridades institucionales.

La Suprema Corte informó que los ministros no emplearían las camionetas blindadas que les fueron entregadas la semana anterior y que iniciarían el procedimiento correspondiente para devolverlas al Órgano de Administración Judicial, tras un posicionamiento conjunto difundido por el propio tribunal en el que subrayaron su compromiso con un uso responsable de los recursos del pueblo.

La compra de los vehículos fue autorizada durante la duodécima sesión del Comité de Adquisiciones del Órgano de Administración Judicial, que avaló un gasto de 22.1 millones de pesos más IVA para nueve unidades con características especiales de seguridad, destinadas a ministras y ministros, como parte de un proceso de renovación integral del parque vehicular del nuevo Poder Judicial.

Las unidades correspondieron a camionetas Grand Cherokee blindadas, con un valor aproximado de 2.4 millones de pesos cada una, adquiridas mediante un contrato asignado a la empresa Total Parts and Components, operación que se inscribió en un esquema más amplio de sustitución de vehículos oficiales considerados obsoletos o fuera de los estándares técnicos de seguridad.

En el comunicado difundido por el máximo tribunal, los ministros señalaron que solicitaron formalmente que los vehículos fueran devueltos o, en su caso, puestos a disposición de personas juzgadoras que enfrentaran mayores niveles de riesgo, siempre con apego estricto a la normatividad aplicable y a los procedimientos administrativos vigentes.

El posicionamiento reiteró que la decisión busca enviar un mensaje de congruencia institucional, al enfatizar el compromiso del nuevo pleno con una justicia cercana a la población y con prácticas administrativas que privilegian la eficiencia, la racionalidad del gasto y la transparencia en el manejo de bienes públicos.

La presidenta recordó que desde el propio Poder Judicial se había argumentado que la adquisición de unidades nuevas representa un ahorro frente a esquemas de arrendamiento, aunque consideró que, más allá de ese punto técnico, la decisión de no utilizarlas marca un giro simbólico relevante en la relación del máximo tribunal con la sociedad.

El sábado previo, el Órgano de Administración Judicial reportó un gasto global de 252 millones de pesos para la compra de 571 vehículos destinados a distintas áreas del Poder Judicial de la Federación, dentro de los cuales se incluyeron las nueve camionetas blindadas originalmente asignadas a los ministros de la Suprema Corte.

En un comunicado adicional, el Alto Tribunal precisó que la renovación de la flotilla contó con opiniones técnicas de autoridades federales, las cuales concluyeron que varias de las unidades en uso ya no cumplían con los estándares adecuados de seguridad, por lo que su continuidad comprometía la operación institucional, aun cuando el debate público se concentró en el caso específico de los vehículos blindados de los ministros.