La presidenta Claudia Sheinbaum defendió la designación de Francisco Garduño en la Secretaría de Educación Pública (SEP) al afirmar que no enfrenta procesos judiciales vigentes, pese a la carga política de su antecedente en Migración, y negó investigaciones contra Josefa González Blanco, aun cuando medios internacionales documentaron denuncias de personal diplomático.

LEE ADEMÁS: México vs Panamá: fecha, hora, transmisión y convocatoria del partido amistoso

Durante la conferencia matutina, la presidenta Sheinbaum respaldó el nombramiento de Francisco Garduño como titular de la Dirección General de Centros de Formación para el Trabajo de la SEP, al asegurar que el ex funcionario no tiene procesos jurídicos abiertos.

Sheinbaum sostuvo que Garduño transitó por un procedimiento legal previo del cual salió en libertad y sin medidas pendientes, argumento con el que buscó cerrar el debate sobre su idoneidad, aunque reconoció que la decisión resultó polémica por los antecedentes públicos asociados a su paso por el Instituto Nacional de Migración.

La mandataria defendió el perfil académico del funcionario al subrayar su formación en derecho y explicó que la designación derivó de una revisión de múltiples candidaturas, en coordinación con la SEP, bajo el criterio de fortalecer una estructura clave para la capacitación laboral.

Sheinbaum reconoció que la oposición mantiene críticas sobre la decisión, pero insistió en que la evaluación consideró diversos perfiles y la importancia operativa del área, encargada de la formación técnica y laboral, lo que llevó a tomar una determinación que calificó como institucionalmente sustentada.

En paralelo, la presidenta negó que existieran investigaciones formales contra Josefa González Blanco, embajadora saliente de México en el Reino Unido, a pesar de reportes periodísticos que documentaron al menos 16 denuncias de trabajadores por presunto acoso laboral.

La jefa del Ejecutivo federal sostuvo que dichas acusaciones correspondieron a un periodo previo y que, tras su revisión, no se acreditaron elementos suficientes para abrir procedimientos administrativos o penales, por lo que descartó acciones posteriores por parte de la Cancillería.