Al señalar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación respaldó las facultades de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) para inmovilizar cuentas bancarias por presunto lavado de dinero, la presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que el fallo fortalece la capacidad del Estado contra la delincuencia organizada.

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Desde Palacio Nacional, explicó que esta facultad ya existía, pero enfrentaba limitaciones por criterios judiciales que permitían suspensiones inmediatas mediante amparos, facilitando el retiro de recursos antes de concluir las investigaciones.

El fallo elimina la suspensión automática y establece que los amparos deberán resolverse en un plazo máximo de seis meses, lo que permite mantener los recursos inmovilizados mientras se determina su legalidad.

Sheinbaum señaló que la UIF sigue la ruta del dinero para detectar operaciones ilícitas, como delincuencia organizada, corrupción y facturación ilegal, con el objetivo de proteger el sistema financiero nacional.

Desde el inicio de la administración se han inmovilizado alrededor de 5 mil millones de pesos, sin afectaciones a personas no vinculadas con delitos, según lo informado.

La presidenta subrayó que los particulares mantienen el derecho a impugnar mediante amparos, pero sin acceso inmediato a los recursos, evitando que el dinero se disperse antes de una resolución judicial.

El modelo se alinea con prácticas internacionales donde autoridades pueden intervenir activos del crimen, como en Estados Unidos y Europa.

El fallo implica un fortalecimiento de la estrategia de seguridad basada en el seguimiento financiero, y una mayor intervención del Estado en el sistema financiero para contener la operación económica de grupos delictivos.