La presidenta Claudia Sheinbaum pidió diálogo y mesas de trabajo para regular el comercio en vía pública y evitó emitir un juicio directo sobre la agresión denunciada por la alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, al señalar que cada persona puede formarse su opinión a partir de los videos difundidos en redes sociales.

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La mandataria vinculó el episodio con el desafío histórico que representa el ordenamiento del comercio en vía pública en la capital del país y afirmó que se trata de un tema complejo que exige diálogo institucional, mesas de trabajo y acuerdos con los propios comerciantes.

La jefa del Ejecutivo recordó que enfrentó procesos de reordenamiento en distintas etapas de su trayectoria pública, primero como secretaria de Medio Ambiente de la Ciudad de México, después como jefa delegacional en Tlalpan y más tarde como jefa de Gobierno, con especial énfasis en el Centro Histórico.

Sheinbaum sostuvo que el ejercicio de gobierno no debe convertirse en un espectáculo mediático y señaló que el ordenamiento se construye con comunicación y acción coordinada, sin estigmatizar a quienes dependen del comercio en la vía pública para sostener a sus familias.

“El comercio en vía pública son familias”, expresó, y subrayó que, si bien no puede mantenerse una calle saturada de puestos, tampoco corresponde criminalizar ni exhibir a quienes durante años encontraron en esa actividad una fuente de ingresos.

La presidenta indicó que el comercio ambulante existe desde hace décadas en el país y que su regulación corresponde a los gobiernos estatales y municipales, o a las alcaldías en el caso de la Ciudad de México, conforme a lo establecido en la ley local.

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En ese contexto, explicó que los comerciantes inscritos en padrones pagan derechos por ocupar espacios específicos y deben sujetarse a condiciones normativas, lo que implica que el fenómeno no opera al margen de toda regulación.

La mandataria reconoció que existe el objetivo de avanzar hacia la formalización de los empleos y de los comercios, aunque puntualizó que ese tránsito requiere acuerdos amplios y la participación directa de los propios vendedores, no sólo de sus liderazgos.

Sobre la posible manipulación política de organizaciones de comerciantes y su eventual vulnerabilidad ante la extorsión, Sheinbaum llamó a evitar generalizaciones y sostuvo que no todos los casos responden a la misma lógica.

Añadió que cuando se detecten vínculos con actividades delictivas o prácticas de colusión, corresponde actuar conforme a la ley, pero insistió en que el principio rector debe ser el diálogo permanente y la búsqueda de soluciones compartidas.

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La presidenta consideró que la coordinación entre órdenes de gobierno puede reforzarse, en particular en materia de programas que impulsen la formalización y reduzcan riesgos como la extorsión, aunque reiteró que la competencia directa sobre el ordenamiento recae en autoridades locales.