La presidenta Claudia Sheinbaum se pronunció con cautela sobre la posible libertad anticipada del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, al señalar que su administración no intervendrá en decisiones que competen exclusivamente al Poder Judicial.

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Explicó que, según la información recibida, Duarte está por cumplir la sentencia que le fue impuesta y que no tiene conocimiento de otros procesos judiciales abiertos en su contra.

Durante la conferencia matutina en Palacio Nacional, la mandataria enfatizó que el principio de respeto a la división de poderes es una base del Estado de derecho y que su gobierno no emitirá juicios anticipados sobre casos judiciales en curso.

“Lo que me informaron es que está por cumplir su condena. No tengo información de que haya otro proceso abierto. Eso es lo que corresponde al ámbito judicial”, declaró.

La declaración surge después de que un tribunal federal aplazó para el 19 de noviembre la audiencia donde se analizará si Duarte puede acceder a un beneficio de libertad anticipada.

El exmandatario estatal fue condenado en 2018 a nueve años de prisión por los delitos de lavado de dinero y asociación delictuosa, tras aceptar su culpabilidad en un procedimiento abreviado. Desde entonces permanece recluido en el Reclusorio Norte de la Ciudad de México.

Sheinbaum recordó que el caso tiene implicaciones morales y políticas, ya que representa uno de los episodios más notorios de corrupción en gobiernos estatales durante el periodo neoliberal.

“Más allá de la sanción legal, hay una sanción ética de la sociedad. La corrupción dañó profundamente la confianza de la gente”, afirmó.

Sobre si su gobierno apoyaría medidas adicionales contra exfuncionarios implicados en casos similares, la presidenta respondió que la prioridad es consolidar un sistema de justicia independiente, que no actúe por consigna ni por revancha política.

Al referirse al impacto social de casos de corrupción como el de Veracruz, Sheinbaum señaló que la recuperación de la confianza ciudadana pasa por el fortalecimiento institucional. Subrayó que las sanciones penales son necesarias, pero insuficientes si no se transforman las estructuras que las permiten.

La mandataria también recordó que el combate a la corrupción forma parte de la agenda nacional desde 2018, cuando el gobierno de Andrés Manuel López Obrador impulsó una nueva relación entre poder y ciudadanía.

“No hay transformación posible si el gobierno se convierte en cómplice del abuso. La corrupción es la raíz de la desigualdad”, sostuvo.