En México se habla hoy de soberanía energética con una intensidad que contrasta de manera inquietante con la realidad material del sistema. El concepto se ha convertido en consigna política, repetida con fervor, pero rara vez sometida a un análisis técnico serio. Se defiende la idea de que la soberanía se garantiza preservando el control estatal absoluto del sector, particularmente a través de CFE y Pemex, presentadas como baluartes históricos de la nación. Sin embargo, los hechos muestran una contradicción profunda entre el discurso y la realidad.

Ambas empresas arrastran hoy una situación financiera delicada, resultado de años de mala gestión, decisiones políticas improductivas y una creciente carga de obligaciones que poco tienen que ver con criterios de eficiencia económica o técnica. Defenderlas acríticamente en nombre de la soberanía no las fortalece; por el contrario, oculta la necesidad urgente de reformar su modelo operativo, financiero y de gobernanza.

La paradoja se vuelve aún más evidente cuando se observa la dependencia energética real del país. Cerca del 80% del gas natural que consume México proviene de Estados Unidos. Ese gas alimenta la mayor parte de la generación eléctrica nacional y sostiene el funcionamiento cotidiano de la industria y los hogares.

El mismo patrón se repite en el sector de los combustibles líquidos. México importa alrededor del 80% de las gasolinas que consume, como consecuencia del abandono sistemático del sistema nacional de refinación durante décadas. La apuesta por la refinería de Dos Bocas, más allá de su carga simbólica, no corrige esta fragilidad estructural.

A esta contradicción se suma una falacia recurrente: considerar que la inversión privada, nacional o extranjera, implica una pérdida de soberanía. Bajo esta lógica, se excluye capital, tecnología y experiencia indispensables para desarrollar infraestructura energética moderna.

La soberanía energética no se decreta ni se construye con símbolos. No depende de quién es formalmente dueño de las empresas, sino de quién controla los riesgos de desabasto, los costos de la energía y la continuidad del suministro. Nunca hemos hablado tanto de soberanía energética siendo tan dependientes.