Una de las claves más consistentes del desarrollo económico –y, como consecuencia directa, del desarrollo social– es la competencia bien regulada. No como dogma ideológico, sino como resultado de décadas de experiencia en sectores intensivos en capital, tecnología y planeación de largo plazo. La energía es uno de ellos.

En este contexto, resulta pertinente analizar una decisión institucional reciente: la desaparición de dos órganos reguladores autónomos y altamente especializados –la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH)– para concentrar sus atribuciones en un solo organismo, la Comisión Nacional de Energía (CNE), con dependencia jerárquica directa de la Secretaría de Energía. Más allá del debate político, el problema que plantea esta reconfiguración es técnico y estructural.

Existe una diferencia fundamental que con frecuencia se ignora: los hidrocarburos son recursos naturales; la electricidad no lo es. El petróleo, el gas natural o la geotermia existen en la naturaleza, son finitos y estratégicos, y por tanto es legítimo –y necesario– que el Estado regule estrictamente su exploración y explotación, e incluso que decida reservarse su aprovechamiento directo.

La electricidad, en cambio, no se extrae: se produce. Es un producto industrial fabricado a partir de recursos primarios –agua, gas, sol, viento– mediante infraestructura, ingeniería, capital y operación especializada. Que los recursos sean propiedad de la nación no implica, por definición, que el producto industrial derivado de ellos deba ser generado exclusivamente por el Estado.

La soberanía reside en el control del recurso, no en la exclusión del proceso productivo. Sin embargo, a lo largo del tiempo, el término “soberanía” ha sido utilizado desde la política como sinónimo de monopolio, centralización o exclusión del sector privado. Esa interpretación no sólo es conceptualmente incorrecta: es económicamente costosa.

Regular la explotación de un recurso natural exige una lógica distinta a regular la producción, transmisión y comercialización de un bien industrial que debe entregarse en tiempo real, con altos estándares de confiabilidad, calidad y continuidad. Electricidad e hidrocarburos no sólo son sectores diferentes: responden a naturalezas técnicas y económicas distintas, y requieren marcos regulatorios igualmente diferenciados.

La competencia, cuando está bien diseñada y correctamente regulada, no debilita al Estado. Al contrario, lo fortalece. Introduce disciplina de costos, incentiva eficiencia operativa, distribuye riesgos de inversión y acelera la adopción tecnológica. En el sector eléctrico, la competencia en generación –acompañada de redes reguladas y acceso no discriminatorio– ha demostrado ser un mecanismo eficaz para expandir capacidad, reducir costos y mejorar la calidad del servicio.

Eliminar reguladores técnicos autónomos y concentrar decisiones en una autoridad política no acelera la planeación ni simplifica el sistema. Lo vuelve más frágil, menos predecible y más dependiente del ciclo político. Y en un sector donde las inversiones se amortizan en horizontes de 20 o 30 años, la certidumbre regulatoria no es un lujo: es una condición indispensable.

La ausencia de competencia y de contrapesos técnicos no se traduce en mayor soberanía energética. Se traduce, con el tiempo, en menor inversión, infraestructura insuficiente, costos ocultos y riesgos crecientes para el suministro. Los efectos no siempre son inmediatos, pero cuando aparecen suelen hacerlo en forma de cuellos de botella, apagones o tarifas más altas.

La electricidad no es un símbolo político ni una consigna ideológica. Es infraestructura habilitadora del desarrollo económico y social. Su función es permitir que la industria produzca, que los servicios operen, que las ciudades funcionen y que la población tenga calidad de vida.

Un Estado fuerte no teme a la competencia ni a los reguladores técnicos autónomos. Los necesita. Porque la energía no se defiende debilitando instituciones ni cancelando mercados, sino construyendo reglas claras, regulación técnica sólida y sistemas eléctricos que funcionen.