DR. EDUARDO ANDRADE SÁNCHEZ

No dejan de asombrar las paradojas de la política. Cuando un amplísimo grupo multipartidista de diputados había alcanzado consenso para atender un verdadero problema en el sistema constitucional mexicano, cayeron víctimas de la incomprensión para entender el alcance del esfuerzo que realizaban y que abandonaron. Esa debilidad habrá de revertírseles. Mal servicio a la Nación le han hecho sus representantes renunciando a ejercer el poder del que los dotaron los votantes en las urnas. Al dejar de realizar formalmente una reforma constitucional necesaria para afirmar el valor de la política como medio de encauzamiento y conciliación de  demandas sociales, inadvertidamente —y quizá por ello irresponsablemente— han abierto la vía a una sorda mutación constitucional que transforme las características del régimen republicanoproclamado en el texto de la Norma Suprema como Representativo, Democrático y Popular, para convertir a la República en Corporativa, Aristocrática y Judicial sujeta al “gobierno de los jueces” dotados del poder de asignar los cargos gubernativos en razón de intereses gremiales.

El acotamiento de las funciones del Tribunal Electoral a las estrictas facultades judiciales que debe ejercer, era una tarea ingente para evitar una grave distorsión de nuestro sistema político y en nada iba a alterar la paridad de género.

Los diferendos ideológicos y de intereses en lucha por el poder deben resolverse mediante acciones políticas, no judiciales. Si un grupo de militantes tiene exigencias al interior de su partido debe movilizar voluntades entre sus correligionarios, agitarlos y conseguir su objetivo o romper con aquellos a quienes ya no puede reconocer como sus legítimos dirigentes, en lugar de irse a quejar a un tribunal. La autonomía de los partidos prevista en la Constitución debe ser lo más amplia posible y se perdió la oportunidad de asegurarla mediante la reforma constitucional que en mala hora se retiró. El grado de democracia interna de los partidos no debería estar sujeta al arbitrio del Poder Judicial, eso corresponde al Poder Popular. Si los militantes de un partido deciden no emplear procedimientos competitivos internos, deben estar en su derecho de resolver sin injerencias externas la asignación de candidaturas. Las urnas dirán la última palabra. Los estatutos de los partidos no deberían ser objeto de autorización por las autoridades electorales,porque convierten a estas en actores políticos en vez de árbitros.

Permitir que un órgano judicial decida quién puede ser candidato significa la renuncia de los partidos a su misión de ser el conducto para que la ciudadanía acceda al poder público, substituyendo la lucha en la arena política por el litigio en el ámbito jurisdiccional. Eso alienta a los juzgadores a convertirse en activistas impulsores de causas particulares como la creación, sin base constitucional, de acciones afirmativas. Estas son remedios con delicados efectos secundarios. Determinarlas corresponde a los legisladores y no a un grupo minoritario de jueces que, por ameritados que sean, no deben invadir áreas de otro Poder dictando instrucciones para integrar un órgano parlamentario o “apartando” espacios en los órganos representativos. No deja de ser cuestionable que una preferencia sexual, un origen étnico o un problema corporal constituyan un mérito político. La sola pertenencia a un grupo no debe ser garantía para la obtención de posiciones. Conozco, admiro, respeto y he trabajado con personas no heterosexuales que han desempeñado tareas de la mayor relevancia, a las que accedieron no por su preferencia sexual, sino por su brillantez, capacidad y voluntad.

Una persona no tiene que pertenecer a una comunidad para abanderar sus demandas. Un heterosexual puede hacer valer con denuedo las posiciones de la diversidad sexual o una persona con plena capacidad física actuar a favor de los discapacitados. Por otro lado hay muchos sectores en condiciones de desventaja o vulnerabilidad. ¿Por qué no apartar un asiento en todo cuerpo directivo público o privado a miembros de grupos como los siguientes? Los jóvenes y las personas mayores, ambos grupos injustificadamente marginados de dichas acciones, los desempleados; los obesos; las víctimas de maltrato; los diabéticos; los de talla pequeña; los adictos; los que viajan en transporte público; los de ascendencia asiática; los neuróticos; y así podríamos seguir al infinito enumerando grupos que merecen atención a sus necesidades.

He sido juzgador y creo que no conviene a la dignidad judicial permitirle atribuciones que le harán más daño que bien. He sido militante político y legislador, por eso me cuesta trabajo entender cómo los que ahora ejercen esta función la comprometen para sí y para sus sucesores validando la entrega del Poder del Estado que debieron ejercer, a otro Poder que no está diseñado para ese fin. Decidieron—permítanme la respetuosa licencia— “poner la Iglesia en manos de Lutero”…se merecerán lo que les suceda,

@DEduardoAndrade