Al menos cinco de los denominados “superdelegados” del gobierno de la 4T renunciaron a su cargo para contender en las elecciones intermedias del próximo 6 de junio.
Como se sabe, el único secretario de Estado con aspiraciones para dirigir un gobierno local, es Alfonso Durazo, que dejó la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, para tratar de llegar al gobierno de Sonora.
El presidente Andrés Manuel López Obrador indicó que el 31 de octubre sería el último día para que estuvieran en el gabinete los aspirantes a cargos de elección popular.
También dijo que se vigilará que ninguno de ellos utilice recursos o cualquier tipo de apoyo de las dependencias en donde laboraron.
Encabeza la lista Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros —hermano de la secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval Ballesteros— quien renunció a la delegación federal de Bienestar en Guerrero, con la intención de ser gobernador.
Juan Carlos Loera, delegado federal en Chihuahua, quien antes de salir presentó un informe y su renuncia al cargo.
También el 28 de octubre, Manuel Peraza Segovia, delegado federal en Nayarit, anunció su interés por iniciar su candidatura de acuerdo al calendario electoral.
Lo mismo hizo Lorena Cuéllar Cisneros, quien dejó delegación federal del Bienestar en Tlaxcala, para seguir con sus aspiraciones al gobierno del estado.
En su lugar fue nombrado Carlos Luna Vázquez, quien se desempeñaba como coordinador operativo del programa Pensión para el Bienestar de los Adultos Mayores.
De igual forma, Gabino Morales Mendoza, anunció su intención de contender por el gobierno de San Luis Potosí.
Hay que recordar que el senador Miguel Ángel Osorio Chong, advirtió que la figura de delegados de Bienestar era en realidad una fábrica de precandidatos.
En esta elección, los participantes deben tener en cuenta que quien incurra en delitos electorales, serán imputados de delito grave.
Además, todo servidor público que esté relacionado a un delito de uso y manipulación de programas sociales, la pena aumenta al triple.