La iniciativa ciudadana que presentó el colectivo Salvemos la Democracia fue turnada a las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y de Reforma Política-Electoral de la Cámara de Diputados, luego de que el Instituto Nacional Electoral validó más de 130 mil firmas de apoyo, requisito previsto en la Constitución para este tipo de propuestas.

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El proyecto plantea una reforma constitucional en materia político-electoral mediante cambios a los artículos 41, 54, 63, 116 y 134, con el objetivo de modificar las reglas de financiamiento a los partidos políticos, fortalecer los mecanismos de fiscalización y ampliar la participación ciudadana en el control del gasto electoral.

Entre los principales ejes de la iniciativa se encuentra un nuevo esquema de distribución del financiamiento público a los partidos, en el que la mitad de los recursos se asignaría de manera igualitaria y el resto conforme al porcentaje de votos obtenidos en la elección inmediata anterior de diputaciones.

Además, propone la creación de una plataforma tecnológica para que la ciudadanía pueda reportar en tiempo real ante el Instituto Nacional Electoral gastos de propaganda y campaña observables, tanto en espacios físicos como digitales.

La propuesta también establece que los procesos de fiscalización deberán realizarse de forma pública, a fin de que la ciudadanía tenga acceso a la información sobre los gastos reportados por los partidos ante la autoridad electoral. Asimismo, plantea garantizar financiamiento público a las candidaturas independientes por al menos el 20 por ciento del tope de gastos de campaña correspondiente a cada cargo.

Sobre el trámite legislativo, la presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, explicó que la Comisión Permanente dio turno a la iniciativa ciudadana una vez que el Instituto Nacional Electoral acreditó el cumplimiento del requisito de firmas, precisando que la autoridad electoral no evalúa ni califica el contenido de la propuesta.

Señaló que, al tratarse de un mecanismo de participación previsto en la Constitución, la iniciativa debe seguir el mismo cauce legislativo que cualquier otra reforma constitucional y ser discutida en igualdad de condiciones frente a las iniciativas que presenten los grupos parlamentarios o el Ejecutivo federal.

López Rabadán indicó que, en caso de que se presenten otras propuestas de reforma electoral, el análisis deberá concentrarse en las mismas comisiones, al tratarse del mismo marco constitucional. Añadió que el Congreso tiene la responsabilidad de procesar este tipo de reformas conforme a los procedimientos parlamentarios y al marco legal vigente.