Hace algunos días tuve un desayuno con profesionales de la seguridad y un empresario.
Uno de ellos sacó a colación la serie del Mochaorejas, el otrora conocido secuestrador Daniel Arizmendi López, que operó en la década de los 90 y fue detenido, procesado y sentenciado en 1998. Una historia basada en el trabajo periodístico de Olga Wornat conformada por drama, investigación y contexto social.

El colega que comentó la serie señalaba que el perfil de este y otros criminales era producto y culpa del sistema, de una comunidad descompuesta; que la película victimizaba a Arizmendi por carecer de todas las oportunidades a su alcance para llevar una vida digna y recta.

El empresario nos comentó que él había sido secuestrado en esa década por una banda, como las decenas que en ese momento existían y que hoy, si bien han migrado de forma de operar, siguen vigentes en muchos estados de la República bajo el manto protector de una cifra negra que, según el Inegi, oscila en una denuncia por diez secuestros cometidos.

Nos contó su historia:

“A mí me puso una señora del servicio de la casa de mis padres, quien creció con nosotros, nos acompañó en el desarrollo y crecimiento de la familia. Después me enteré que tenían una lista de empresarios morelenses que obtenían de eventos sociales donde eran invitados; al parecer, alguno(s) de los organizadores tenía estos contactos criminales, puesto que en esas listas venía nombre, dirección, teléfono y ocupación de la futura víctima. Durante mi cautiverio fui testigo de otros secuestros y la colusión de las policías ministeriales y estatales en la protección e inclusive en la operación de captura de los empresarios”.

Podría seguir escribiendo la historia de este personaje que a 25 años de su secuestro y “liberación”, de quien cabe señalar que huyó del cautiverio a pesar de haber pagado el rescate, permanece con secuelas físicas y psicológicas que se perciben de inmediato.

Terminó por señalar que durante la investigación que hizo la familia llegaron a niveles de colusión no solamente policial sino gubernamental, inclusive por acción u omisión del gobernador en turno, que hasta se dio el lujo de escribir textos sobre su experiencia de seguridad en los diferentes cargos que tuvo.

¿A que nos lleva esta historia? A asegurar que “no podía ser de otra manera”.

Así es, la firma Consultores AC, con análisis de datos oficiales y medios de comunicación, ha determinado la existencia de 175 organizaciones criminales sólidas, robustas, es decir con presencia y permanencia en México; la organización estima que cada estado tiene entre nueve y diez grupos organizados y que el territorio nacional esta invadido por ellos en un 80%.

La ley mexicana que combate a estos grupos de delincuencia organizada y que salió a la luz pública en 1996 tipificaba 11 conductas delictivas; 30 años después duplica a 22 los delitos cometidos por sus integrantes.

Más grupos y más delitos conforme pasan los años; cuatro sexenios y el quinto contando con estrategias fallidas para contener el avance de estos delitos y delincuentes.

¿Quién tiene la culpa? ¿La sociedad civil, la clase política, el contexto histórico de México, el vecino país? Ahora qué importa, simplemente víctimas y victimarios se siguen descomponiendo en un país que no encuentra la salida.

El día que algún mandatario(a) pueda vincular la prevención (causas) con la investigación, persecución y reinserción social, con policías robustas y en un marco de desarrollo nacional, podremos ver un poco de luz en el camino, pero antes debemos despojarnos de esa pandemia corrupta que ha acosado a México desde su conformación como nación independiente.