La presidenta Claudia Sheinbaum defendió el veto total a los vapeadores desde un enfoque centrado en la salud juvenil y afirmó que la idea de que estos dispositivos representan un riesgo menor que el tabaco “no es cierta”, ya que incluyen materiales y compuestos con efectos documentados sobre pulmones y sistema respiratorio.
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Explicó que la prohibición constitucional y legal busca revertir una percepción equivocada entre jóvenes y sostuvo que la evidencia científica apunta a daños severos, lo que amerita un mensaje claro y campañas de información para comprender la magnitud del riesgo.
Sheinbaum indicó que la prohibición absoluta impulsa un cambio cultural que deberá acompañarse de información clara sobre los efectos nocivos, y subrayó que la autoridad especializada deberá exponer la evidencia técnica.
La mandataria señaló que la nueva regulación integra sanciones penales y administrativas contra quienes vendan o promocionen vapeadores, y afirmó que la actualización normativa responde a la necesidad de detener un fenómeno que avanzó con fuerza en zonas urbanas y en espacios escolares.
Reiteró que la política pública se orienta hacia la protección de jóvenes y adolescentes, quienes han normalizado el consumo de estos dispositivos debido a la percepción equivocada de que contienen sustancias menos dañinas que el tabaco.
La mandataria insistió en que la Secretaría de Salud deberá coordinar operativos, explicar protocolos y ordenar mecanismos de vigilancia, ya que el objetivo central es desmontar redes de distribución que operaron con creciente presencia en mercados informales y tiendas sin controles sanitarios.
La Cámara de Diputados avaló con 324 votos reformas que prohíben uso, venta, producción, importación y publicidad de vapeadores y cigarrillos electrónicos, y declaró al vapeo como “amenaza a la salud pública”, en un dictamen derivado de la iniciativa enviada por Sheinbaum.
El dictamen establece penas de uno a ocho años de prisión y multas de hasta 226 mil pesos para quienes comercialicen estos dispositivos, y extiende facultades a la Secretaría de Salud para supervisar infraestructura, fortalecer abasto e integrar medidas de control y seguimiento del nuevo marco.
