Tortura y desaparición forzada
El juez abre la instrucción donde podrá presentar pruebas de descargo y apoyarse con abogados
El ex procurador general de la República, Jesús Murillo Karam fue vinculado a proceso imputado por desaparición forzada, tortura y contra la administración de justicia en el caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa, Guerrero.
Los jóvenes de la escuela normal Raúl Isidro Burgos desaparecieron entre la noche del 26 y madrugada del 27 de septiembre de 2014.
El juzgador federal que lo vinculó a proceso abre la instrucción penal donde podrá presentar pruebas de descargo y apoyarse con sus defensores privados.
Hay que recordar que Murillo Karam es imputado de manipular la investigación sobre la desaparición de los 43 jóvenes que supuestamente se dirigían a Iguala, Guerrero desde el poblado de Ayotzinapa.
La investigación que presentó el procurador en la administración del presidente Enrique Peña Nieto es conocida como “La Verdad Histórica” sobre los hechos de Ayotzinapa.
En repetidas ocasiones el ex fiscal ha dicho que la investigación es perfectible, pero se ajusta a todos los criterios de ley.
Hasta el momento, se ha dicho que los días en que desaparecieron los jóvenes, conocieron los hechos personal del Ejército Mexicano, policías locales y funcionarios del estado de Guerrero.
Para el mes de octubre de 2014 la Procuraduría General de la República se hizo cargo de la investigación y fue cuando se le intentó dar una salida política.
El hecho es que, a ocho años de la desaparición forzada ni el fiscal Murillo Karam o quienes retomaron la investigación en el presente gobierno han podido dar con el paradero de los jóvenes.
El presidente Andrés Manuel López Obrador ha dicho que hay dos etapas; una, el momento de la desaparición y la forma en cómo actuaron los responsables.
La segunda, las responsabilidades de los servidores públicos que investigaron el caso, pero que en el paradero de los normalistas, no hay avances.
En la continuación de la audiencia inicial, uno de los abogados del exfuncionario aseguró que “no hay una sola prueba” contra Murillo Karam, que no había ninguna persona que declarara en su contra ni testigos que lo involucraran.
Asimismo, pidió al juez declarar prescrito el delito de tortura y aplicar la norma con la penalidad más baja en el ilícito de desaparición forzada.
Sus defensores pidieron que se desestimaran las conferencias de prensa que la actual Fiscalía General de la República (FGR) usó como pruebas para acusarlo.
Entre ellas, la del 6 de octubre de 2014, cuando la PGR anunció la atracción del caso Ayotzinapa, la reunión del 7 de octubre en Iguala, donde estuvo el exgobernador Ángel Aguirre, y la del 27 de octubre,donde el exprocurador supuestamente giró instrucciones a Tomás Zerón, entonces director de la ahora extinta Agencia de Investigación Criminal, para que aplicara toda la fuerza del estado.
Además de la conferencia del 7 de noviembre, donde se mencionó por primera vez la verdad histórica, que los abogados calificaron como un concepto jurídico que no puede tomarse como prueba. El arresto del exprocurador es el de mayor perfil del caso hasta ahora y ocurre tras el informe de la Comisión que concluyó que la desaparición fue un “crimen de Estado”.
