Gaby Salido / Ovaciones
Durante el proceso electoral 2021 la forma de hacer campaña se ajustó a las condiciones que dejó la pandemia por Covid-19. Lo que el gobierno llamó “nueva normalidad”.
Sin embargo, lo característico de esa elección fueron los actos de violencia. De acuerdo con datos oficiales se registraron decenas de candidatos, funcionarios públicos y militantes partidistas asesinados o agredidos.
El costo de la -hasta entonces- elección más violenta de México, de acuerdo con el Senado de la República, fue de 179 víctimas mortales, 239 incidentes de violencia política, y un registro total de 1,066 actos violentos.
A la fecha, ha transcurrido menos de una tercera parte de la campaña en este 2024, y el registro de agresiones y violencia, ya supera el de la elección anterior.
Mientras el proceso electoral sigue avanzando, y los días de campaña se van agotando, la cifra de candidatas y candidatos que solicitan seguridad y protección se sigue incrementando.
Según datos de la Secretaría de Seguridad Federal, 23 aspirantes a un puesto de elección popular habían solicitado protección. Cifra que no coincide con lo manifestado por el INE.
La autoridad electoral tiene registro de 83 candidatos que han solicitado seguridad, por lo que se evalúa el protocolo aplicable a cada caso.
Esa cifra parece menor si vemos el número de candidaturas en esta elección, sin embargo, debemos recordar que, el registro es por actos cometidos por la delincuencia organizada, ya que es facultad federal.
Lo cual, deja los ataques y agresiones en competencia de las autoridades locales de seguridad, haciendo evidente la vulnerabilidad en distintas entidades, es eso lo preocupante.
Según Data Cívica y el Programa para el Estudio de la Violencia del CIDE, en México, el crimen organizado usa la violencia electoral para intervenir en la vida pública de estados y municipios.
Tan solo de 2018 a lo que va de este 2024, hay registro de 1,722 ataques, asesinatos, atentados, amenazas o actos de violencia en el ámbito político.
Desafortunadamente esa realidad nos obliga a cuestionar la política de seguridad del gobierno, sobre todo ante el incremento de víctimas que, -salvo el gobierno morenista en turno-, difícilmente alguien puede ignorar.
Mientras, en Palacio Nacional se vive una realidad distinta, agresiones, conductas delictivas y la inseguridad en las calles, reflejan la vida cotidiana que enfrenta el país.
Y es que los índices no son sólo números, o percepción manipulada, -como lo ha señalado el gobierno- pues a pesar de existir militantes del partido oficialista y candidatos víctimas de violencia, dicen tener otros datos.
Vale la pena recordar la principal tarea de un gobierno: crear y mantener condiciones de seguridad para toda la población. Justo bajo esa óptica, podemos decir que esta administración ha fracasado rotundamente.
Diputada de la CdMx por el PAN
