AIDA RAMÍREZ

Foto: Ivonne Rodriguez

¿Un batazo? ¡Noooo!, fue una bala la que se estrelló en el lado izquierdo de su frente, que disparó un oficial de la Patrulla Fronteriza o Border Patrol (en inglés), sin mediar causa de por medio, y eso fue lo que puso en pausa la posibilidad de que algún día Marisol García Alcántara pueda reunirse con su madre, a quien tiene 18 años sin ver.

Pocas son las historias de los migrantes, sean connacionales o de algún otro país de América Latina, que no cuentan vicisitudes, que en su camino por alcanzar la tierra de los dólares, casi nada tienen que sufrir.

Pero pocas más son aquellas en las que contar su historia es un logro de vida, casi imposible de creer.

La historia de Marisol, mujer de mediana edad, madre de tres hijos, que vive en la CDMX, pudiera no tener nada de excepcional; quiso alcanzar a su madre -quien se encargó de pagar su traslado-, y quien ya en Nogales, Sonora, subió a una camioneta en donde, junto con otras mujeres, tenía la mirada puesta en llegar a Nueva York para reunirse con su mamá.

Era el 16 de junio de 2021, “íbamos en una camioneta rumbo a Nueva York, yo atrás del piloto junto con seis mujeres más y un hombre, además del chofer, cuando un policía de la Border Patrol nos detiene en el camino. No hicimos nada, ni nos movimos. Y de repente, yo sentí como un golpe en mi cabeza, como un batazo. Estaba grave, pero nunca perdí el conocimiento, y el ruido del disparo es de las pocas cosas que no recuerdo”, dice Marisol a Ovaciones.

Empeñada en que se le haga justicia, aunque no se sabe quién fue el oficial que le disparó, Marisol fue doble o triplemente victimizada, pues a pesar de que la llevaron a un hospital en Phoenix, Arizona para ser intervenida, “un como pedazo de la bala -una esquirla-, se me quedó aquí adentro -señala el lado izquierdo de su frente señalando la cicatriz-, y desperté hasta el viernes -18 de junio-.

“Casi de inmediato me llevaron a un centro de detención -donde estaban las mujeres con quienes viajaba-, con apenas medicamentos para el dolor de cabeza. En ningún momento me dieron más atención médica. Pero tampoco nos permitieron hacer alguna llamada a las autoridades mexicanas -hasta días después-. Lo que sí, es que no sé cómo avisaron a mi mamá de lo que me había sucedido. Pude hablar con ella, y también nos decían que pasaríamos con el sheriff para que evaluara nuestra situación y él decidiría si pasábamos con el juez”, pero en el ínter cambiaron nuestra declaración.

Así pasaron 22 días en el centro de detención, en un área de aislamiento por Covid-19, “aunque salimos negativas”, sostiene Marisol, con voz suave y con los ojos entre tristes y pesarosos, sabiendo que será difícil que se reúna con su madre, porque finalmente y de golpe y porrazo, un día les hicieron firmar unos documentos donde “aceptaban su repatriación” a México y con los años “de castigo” que le impedirán solicitar permiso para ingresar a suelo estadounidense.

“Vimos que en la hoja de una de mis compañeras, Gabriela, decía cinco años, pero en mi hoja decía ¡20!, 20 años en los que no podré solicitar ingreso”, dijo pensativa, pues prácticamente se le cerró la posibilidad de volver a ver a su madre y que, como lo tenía planeado, su hija, casi mayor edad, cruce el Río Bravo para estudiar la universidad. Así, de repente “ya estábamos en Nogales”, otra vez.

Eso sí, quedó con secuelas por el balazo -de alguno de los tantos oficiales de la Border-, como dolor de cabeza, pérdida de la memoria a corto plazo, insomnio, mareos, afectación de la visión y con la posibilidad de que algún día le dé o no, uno o varios ataques epilépticos, por lo que a diario toma medicamento para ello.

Las acciones de la Border Patrol en contra de migrantes son prácticamente invisibles para las autoridades, por lo que difícilmente se logran ver sentencias en contra de elementos que agredieron o mataron a connacionales o latinoamericanos migrantes que buscan llegar, de manera ilegal, a la Unión Americana.

Marisol es uno de los ejemplos vivos por los que la campaña “Empezar con dignidad”, trabaja para que los derechos humanos como migrantes sean reconocidos por las leyes y autoridades estadounidenses, para que no se utilice en su contra la excesiva brutalidad.