La elección judicial sigue en marcha. El INE tiene registrados más de 3 mil candidatos para renovar 881 cargos, un proceso sin precedentes que cambiará el Poder Judicial como lo conocemos. Pero mientras la reforma judicial avanza, no hay señales de una reforma a las fiscalías, donde realmente se atasca la justicia para la gente.
El presidente López Obrador promovió la elección de jueces como la gran transformación del sistema de justicia. Pero los jueces solo reciben los casos que las fiscalías les envían. Y ahí está el problema: de cada 10 denuncias, solo una llega a manos de un juez. Las demás quedan archivadas, cerradas, sin resolver o simplemente ignoradas.
Monreal habló en 2024 de una reforma en coordinación con Gertz Manero, pero hasta ahora no hay noticias.
FISCALÍAS COLAPSADAS
El último Censo Nacional de Procuración de Justicia Estatal y Federal del INEGI evidencia que las fiscalías del país no dan abasto. En 2023 se abrieron más de 2.2 millones de carpetas de investigación, pero solo se resolvieron 1.8 millones. Parece un buen número, pero hay una trampa: “resolver” no significa hacer justicia.
Un reporte de México Evalúa encontró que del total de investigaciones cerradas, el 43% fue enviado al “archivo temporal”, es decir, quedó en el limbo. El 30% se cerró sin resolver nada por “falta de pruebas” o porque no se identificó al culpable.
Resulta evidente que las fiscalías están rebasadas y el sistema de justicia está diseñado desde sus bases para que la impunidad gane siempre. La justicia no empieza en los tribunales, empieza en las fiscalías.
Las fiscalías estatales abren miles de investigaciones, pero pocas llegan a juicio. La impunidad alcanza el 96 de cada 100 casos. Cada año se acumulan más asuntos sin resolver que los que se inician.
La elección de jueces no resolverá esto. La gente puede votar por un juez, pero eso no hará que las fiscalías investiguen mejor, que los casos avancen o que se castigue a los responsables.
FISCALÍAS POLÍTICAS
Si el problema fuera solo la falta de recursos o personal, la solución sería técnica. Pero muchas fiscalías también operan bajo una lógica política.
Las carpetas de investigación avanzan o se frenan según convenga al poder en turno. Las denuncias contra opositores se aceleran. Las que afectan al oficialismo, se archivan. La mayoría de las fiscalías estatales responde a los gobernadores, no a la justicia.
El caso Cuauhtémoc Blanco lo demuestra. Mientras fue gobernador de Morelos, las denuncias en su contra quedaron congeladas. Pero cuando perdió poder, su expediente volvió a moverse. No se trata de aplicar la ley, sino de usarla como un arma política.
La Fiscalía General de la República no es mejor. Casos como los videos de los hermanos del presidente recibiendo dinero o el desfalco en Segalmex están estancados. En cambio, cuando se trata de un adversario político, las investigaciones avanzan con velocidad inusual.
¿Por qué no hay una reforma a las fiscalías? Porque al poder no le conviene. Mantener un sistema donde las denuncias se investigan a discreción les permite proteger a los suyos, perseguir a opositores y controlar la narrativa sobre la corrupción.
El discurso oficial dice que la elección de jueces democratizará la justicia. Pero sin una reforma real a las fiscalías, el sistema seguirá beneficiando a los mismos de siempre.
Las cifras de corrupción y criminalidad son alarmantes, pero el problema no es solo el crimen, es la falta de consecuencias. Mientras no haya una reforma real a las fiscalías, la impunidad seguirá ganando.
Si el gobierno quiere hablar de justicia, primero tiene que responder: ¿y para cuándo las fiscalías?
