Accionistas de la Cooperativa Cruz Azul que apoyan las presidencias de los consejos de Administración y Vigilancia encabezadas por Federico Sarabia Pozo y Alberto López Morales, aseguraron que la sentencia emitida el pasado 9 de septiembre de 2021 por el primer tribunal colegiado en materia civil con sede en la CDMX, es intrascendente porque no está firme porque existe un amparo y otro juicio que no se ha resuelto.
Precisaron que el amparo indirecto del juez primero de distrito en el estado de Hidalgo, determinó, en marzo del 2021, que el Consejo de Administración electo en 2018 cesó sus funciones con motivo de los nuevos miembros electos en la asamblea de agosto de 2020.
Además, detallaron que para resolver este conflicto ya se solicitó la intervención del Senado de la República, además de que el Senado ha solicitado ya conocer el expediente para coadyuvar con el caso.
Asimismo, acusaron que las órdenes de aprehensión son producto de la confabulación con los jueces quienes reciben prebendas económicas y cargos y que los sedicentes directivos Marín y Velázquez han hecho gastos millonarios para asesoría jurídica y tienen a familiares de jueces dentro de las estructura de la cooperativa.
Los cooperativistas acotaron que Federico Sarabia y su grupo iniciaron en 2011 las acciones para demandar la salida de Billy Álvarez cuando se empezaron a hacer evidentes sus actos de corrupción. Marín y Velázquez son los “minibillys” y conocieron, avalaron y se beneficiaron de los malos manejos en la Cooperativa.
Debido a los amparos obtenidos la administración ilícita encabezada por José Antonio Marín Gutiérrez y Víctor Manuel Velázquez Rangel se vio obligada a establecer un nuevo esquema que les permitiera seguir al frente de la cooperativa por lo que montaron una convocatoria ilegal, con el apoyo del juez 60° civil para emplazar a una asamblea general extraordinaria de socios el pasado 5 de abril de 2021, la cual actualmente también se encuentra impugnada.
“Es claro que si Marín y Velázquez hubieran estado convencidos de la validez de la asamblea de septiembre de 2018 deberían haber agotado las instancias de resolución y no llamar a una asamblea extraordinaria a modo”, consideraron.
En este sentido, es preciso aclarar, dijeron, que existe otro juicio, radicado en el juzgado 30° de lo Civil del TSJCDMX, que sigue en proceso y aún no ha sido resuelto y que impugna también la validez de la asamblea de septiembre de 2018, por lo que todavía no ha sido resuelta en definitiva.
Por otro lado y ante la afirmación de que la impugnación de la asamblea de 2018 buscaba restituir a Guillermo Álvarez Cuevas, es necesario precisar que Federico Sarabia y el grupo mayoritario de socios de la Cooperativa fueron los que iniciaron las acciones para exigir la salida de este personaje ante la clara evidencia de sus malos manejos y actos de corrupción, por lo que es mezquino difundir que la impugnación de esta asamblea buscaba su restitución.
