spués de alrededor de seis horas de debate, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó el desafuero del gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, con lo cual se abre la vía para que sea detenido por la Fiscalía General de la República, pero el expediente fue enviado al Congreso de Tamaulipas, para su ejecución, y ahí podría atorarse, al ser dominado por el PAN y donde se le podría instaurar un nuevo proceso y ser exonerado.

Con los votos de Morena, PT, PES y PVEM, el dictamen de la Sección Instructora de la Cámara de Diputados fue aprobado por  302 votos a favor, 134 en contra y 14 abstenciones. Sin la presencia del inculpado, su defensa y el representante de la FGR expusieron sus argumentos, tras lo cual legisladores de todos los partidos expusieron sus argumentos en favor y en contra del desafuero, una vez que se instaló el Jurado de Procedencia.

El dictamen avalado señala que se determinó que procede enjuiciarlo por el delito de defraudación fiscal equiparada por un monto de 6 millones 511 mil pesos al fisco federal, que a su juicio acredita el delito de defraudación fiscal sancionado con una pena de tres a nueve años de prisión.

Entre consignas y pancartas, los diputados del PAN acusaron que  este proceso sin fundamento legal tiene el objetivo de  impactar en el resultado de las próximas elecciones. El coordinador de los diputados panistas, Juan Carlos Romero Hicks, consideró que en el se deja ver la intención inconstitucional para explorar aspectos que no tienen fundamento. “Lo que hemos visto son exabruptos, insinuaciones extraprocesales, un manejo mentiroso e imparcial de las instituciones de investigación para el esclarecimiento de posibles hechos o inventos, en suma, un abanico de conductas que constituye un evidente uso de poder”.

Expresó que el fuero tiene origen en la necesidad acreditada históricamente de salvaguardar el desempeño de determinados puestos del servicio público, de los riesgos que implica la existencia de rivalidades políticas, como es en este caso, anidadas desde otras instancias de poder.

La diputada Adriana Dávila Fernández señaló que “hoy no sólo se ataca a un gobernador, sino que con la solicitud de desafuero se agrede al federalismo”. Dijo que “el castigo que ahora se quiere impartir al gobernador de Tamaulipas va más allá de la simulación de ejercer justicia, el verdadero móvil de esta decisión presidencial es el linchamiento político y público”.

La diputada del PRI,  Claudia Pastor Badilla afirmó que no votarían a favor de utilizar las garantías institucionales de la Constitución con intereses ajenos al bien común. “Me opongo a retirar el fuero constitucional a un gobernador sin las pruebas necesarias, repongan el procedimiento, permítanse la reflexión, háganlo bien. No nos pronunciaremos respecto a los hechos delictivos y la responsabilidad que se le adjudican, esa es facultad de la Fiscalía General de la República”, dijo.