GABY SALIDO

Ante el acelerado ritmo social, es necesario realizar trámites y gestiones por medios remotos o digitales, situación que se incrementó durante la pandemia.

Meses atrás, la Jefa de Gobierno anunció que mandaría al Congreso 5 iniciativas para lograr la anhelada simplificación administrativa y disminuir la carga burocrática que enfrentan las personas que quieren emprender y abrir un negocio.

Se planteó en cambio, reformar la Ley de Desarrollo Urbano para modificar las reglas, así como los casos en los que procede y resulta necesario desahogar el Procedimiento de Publicitación Vecinal, al establecer una plataforma informática desarrollada por la Agencia Digital de Innovación Pública, y operada por SEDUVI, como el medio para tramitarse, sin embargo, la obligación de desahogar el procedimiento es de las Alcaldías.

Dejando de lado la trasgresión a las facultades que las Alcaldías heredaron de las Delegaciones, esta propuesta generó malestar en la ciudadanía pues es riesgoso que el Gobierno de la CDMX utilice el criterio de “digitalización de trámites” para volver obsoleto un mecanismo de defensa ciudadana.

Este procedimiento es considerado según la Ley, como la herramienta básica de defensa y oposición ciudadana en el desarrollo y crecimiento de la ciudad al tener como fin prevenir conflictos y afectaciones al entorno urbano, que deriven de cualquier obra de construcción, ampliación, reparación o modificación; de acuerdo con el Reglamento de Construcciones. 

Por eso, es considerado un requisito indispensable para solicitar y obtener permisos o licencias referentes a 10 tramites: cambios de uso de suelo, fusiones, subdivisiones, transferencias de potencialidad, afectaciones y restricciones de construcción, edificación, modificación, ampliación, reparación y demolición de construcciones.

La iniciativa retoma prácticas que caracterizan esta administración, centraliza funciones y otorga potestad discrecional a la Jefa de Gobierno para regular este procedimiento mediante el Reglamento, pues pretende eliminar las reglas para su desahogo, dejando ahora este mecanismo de defensa del suelo al garete.

Este camino que confía en los buenos oficios y la buena de la Jefa de Gobierno, lo han padecido otras leyes que desde hace más de 4 años que tiene esta Administración, aún esperan que se emita su Reglamento. Ni el mandato legal, ni su responsabilidad administrativa, pesan más que la falta de voluntad de quien dice dirigir la CMDX, para emitir las normas que sí le competen.

De forma regresiva, la propuesta suprime el acceso a la información o a inconformarse de una obra o desarrollo inmobiliario, a pesar de ser reconocido como derecho en la Ley desde mayo de 2017, y durante estos más de 5 años, ha sumado a su origen la constante lucha vecinal, la defensa del desarrollo inmobiliario ordenado y controlado, así como el respeto de los usos de suelo sí constancia, batallas legales y conquistado la ciudadanía.

Pero hay una lección muy buena en todo esto, por segunda ocasión en este mismo mes, fue la ciudadanía organizada la que frenó el intento de la 4T por arrebatar derechos consolidados, a causa de un capricho digital en la que ellos mismos llaman la ciudad innovadora; pues con la manifestación de sus ideas, la ciudadanía impidió que el dictamen que daría la estocada final a la Publicitación Vecinal tal como hoy la conocemos, pasara al Pleno del Congreso, pidiendo análisis y consenso de ciudadanía.