La investigación del caso Ayotzinapa incorporó una nueva línea tras el hallazgo de restos humanos en una funeraria de Iguala, Guerrero, donde autoridades federales detectaron la operación irregular de crematorios, uno de ellos sin registro, lo que derivó en la detención de los propietarios y en la apertura de una indagatoria en curso, informó la presidenta Claudia Sheinbaum.

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La Fiscalía General de la República (FGR) citó a madres y padres de los 43 estudiantes desaparecidos para informarles sobre este hallazgo, fechado en 2014, el mismo año de los hechos, lo que colocó al establecimiento dentro de las nuevas líneas que se desarrollan en la investigación.

Las indagatorias retomaron este punto luego de que en etapas anteriores fue descartado, pero nuevos análisis telefónicos con base científica, apoyados por la Secretaría de Seguridad y otras instancias, permitieron ubicar nuevamente el sitio como relevante dentro del caso.

En paralelo, el expediente avanzó en el ámbito judicial con resoluciones que ordenaron la entrega de 583 folios vinculados a informes militares, mientras la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) analiza uno de los recursos derivados de estos procesos y define el alcance de la obligación institucional.

La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) sostuvo que ya entregó toda la información disponible, lo que abrió una controversia sobre la existencia de nuevos documentos y el cumplimiento de los mandatos judiciales, en un contexto donde el gobierno federal cuestionó una resolución emitida por un juez en Tamaulipas.

El caso se fragmentó en distintas rutas legales, una en revisión de la Corte y otra en juzgados administrativos, lo que mantiene en tensión el acceso a archivos clave sobre la actuación de fuerzas armadas durante la desaparición de los estudiantes.

De forma paralela, la investigación tomó un nuevo rumbo con la designación de un fiscal distinto, quien incorporó métodos que no se habían aplicado previamente, entre ellos un análisis más profundo de las comunicaciones telefónicas registradas la noche de los hechos y días posteriores.

Estas nuevas líneas derivaron en detenciones adicionales y en la apertura de sitios de búsqueda, incluido el predio vinculado a la funeraria en Iguala, donde se prevén diligencias para determinar si los restos localizados corresponden a los estudiantes.

Sheinbaum planteó además reforzar los mecanismos de identificación de personas no localizadas, mediante la integración de registros genéticos y bases de datos de ADN, en el marco de una nueva legislación que busca cerrar vacíos en el control de servicios funerarios y fosas comunes.

En este contexto, la administración solicitó al Alto Comisionado de Naciones Unidas en México la recomendación de expertos internacionales que acompañen el proceso, con el objetivo de fortalecer la validez metodológica de las nuevas indagatorias.

La posible reincorporación de integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes se mantiene como demanda de las familias, mientras persisten cuestionamientos derivados de liberaciones previas de detenidos, algunas vinculadas a actos de tortura.

La investigación se mantiene abierta en una fase que combina revisión judicial, nuevas líneas científicas y presión de las familias por acceso completo a la información, en un proceso que busca avanzar en el esclarecimiento de uno de los casos más relevantes de desaparición en el país.