Tras la aprobación de la reforma al poder Judicial en el Senado de la República y el inicio de la ruta de aprobación en los Congresos locales del país, la jueza Juana Fuentes, presidenta de la Asociación Nacional de Magistrados y Jueces de Distrito (Jufed) aseguró que ya se preparan recursos legales, a nivel nacional e internacional, para combatir lo que llamó un “golpe de Estado técnico” aprobado por los poderes ejecutivos y Legislativo.

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En el plantón que permanece frente al Senado de la República, dijo que este es el momento de resistir y de usar todas las herramientas legales a su alcance para defender la independencia del poder Judicial.
“Vamos a recurrir a todas las instancias nacionales e internacionales que protegen la independencia judicial. El Comité de Derechos Humanos de la ONU, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y las redes globales de jueces y magistrados justo están conociendo en este momento lo que está sucediendo”, dijo.
Insistió en que la independencia judicial no es un privilegio de las personas juzgadoras, sino una necesidad de toda la sociedad, porque sin jueces imparciales, sin tribunales independientes, los derechos humanos se vuelven frágiles, vulnerables ante los caprichos del poder policiaco.
“El sometimiento de jueces y magistrados a la elección popular plantea un peligro que no podemos ignorar. Los jueces no somos ni seremos políticos, no debemos serlo. No fuimos designados para responder a los intereses de un parado o de una fracción parlamentaria, sino para aplicar la ley de manera objetiva y, sobre todo, justa”, insistió.

Advirtió que habrá efectos devastadores que esta reforma tendrá para la certidumbre económica, porque los inversionistas internacionales buscan países con sistemas judiciales independientes, donde las reglas del juego sean claras y predecibles y si el sistema judicial se convierte en una extensión del poder político o, peor aún, de intereses criminales, la confianza en el Estado de derecho se
evaporará.

“Sin esa confianza, se paralizan las inversiones, se desestabilizarán los mercados y los ciudadanos comunes serán los más afectados por la recesión y el desempleo”, dijo en tono premonitorio.
Por separado, la vocera de los trabajadores de la Ciudad de México, Patricia Aguayo, aseguró que continuarán las protestas, el paro de labores y la toma del palacio legislativo de San Lázaro, aunque en los próximos días se definirá el rumbo a seguir.

Precisó que el proceso de esta reforma no está concluido, pero se prevé que esta misma semana quede aprobada la reforma en 17 congresos estatales, por lo que una vez publicada puede ya impugnarse todo el proceso legislativo, que estuvo plagado de irregularidades.