Gaby Salido

Cuando Morena asumió el poder en 2018, comenzó a difundir su visión ideológica y partidista, no solo en la estructura del Gobierno, sino en la sociedad.

Así, se autoproclaman como un cambio estructural importante para el país, política y socialmente hablando.

Por eso, la llamada 4T usa discursos de austeridad para intentar convencernos que las Instituciones encargadas de defender nuestros derechos, son un gasto que podría evitarse.

Hay quien se sorprenden por los ataques orquestados desde Palacio Nacional, con campañas de desprestigio que invariablemente dividen la opinión pública. Pero la trayectoria del presidente, refleja que ha usado el mismo discurso desde hace mucho tiempo.

Aunque suene inverosímil, López Obrador destaca por su constancia. Pues siempre muestra su desprecio por las instituciones y autoridades del país.

Mientras acumuló experiencia en cargos públicos, fue sumando “instituciones neoliberales” a la lista de autoridades que considera un riesgo para su proyecto político.

Seguramente han escuchado: “En política, nada sucede por accidente”. Esa sentencia y premonición al mismo tiempo, explica por qué morena quiere el desmantelamiento crónico de los contrapesos del Estado.

La gobernante de “la ciudad de derechos” no se queda atrás. Pues la cómoda posición de Claudia Sheinbaum, es gracias a la obediencia incondicional de la bancada morenista que le permite impunemente violentar las leyes.

Por eso no es casualidad que hayan esperado a que el Congreso capitalino tuviera sesiones virtuales para hacer público el “Acuerdo” que exonera de cualquier responsabilidad a la aspirante presidencial.

Sin importar la impunidad, a pesar que #EsClaudia responsable de violación a la Constitución y las leyes electorales, como lo concluye el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en 8 expedientes, se allana el camino para su carrera presidencial.

Diputadas y diputados morenistas se asumieron cómplices de esa impunidad, pues incluso algunos de ellos tienen acusaciones por los mismos señalamientos, y les conviene dejar antecedentes sin sanción.

El mensaje del Congreso capitalino a través de ese “Acuerdo” es de impunidad y libre transgresión de manera reiterada a la Ley, todo por preservar “limpia” la trayectoria de la candidata.

Olvidando el desempeño leal y patriota del cargo de diputados, a pesar de violentar las normas y principios electorales con actos anticipados de campaña, promoción personalizada con recursos públicos o cualquier acto similar, por ganar la elección, el Tribunal Electoral no les puede sancionar, y al mandar el asunto al Congreso, pueden ser juez y parte, librando cualquier responsabilidad.

¿El fin justifica los medios? Mejor ejemplo, ni Maquiavelo.