GABY SALIDO

Derivado de la crisis económica por Covid-19, el Gobierno de la CDMX implementó la estrategia “Reactivar sin Arriesgar” y un Programa para que negocios dedicados a vender alimentos preparados pudieran usar el espacio público frente a su local y atender a sus clientes.

A este programa se le conoce como “Ciudad al Aire Libre”, y usó una herramienta ya considerada en la Ley para colocar enseres.

Mediante publicación en Gaceta Oficial, se fijaron criterios técnicos para instalaciones, mesas, sillas, toldos y otros elementos a colocar en banquetas y el primer carril vial.

Sortear esos objetos sin exponerse, fue el primer problema que vecinos, peatones y automovilistas enfrentaron, entrando en conflicto con el sector, además de reducir ingresos en zonas de parquímetros.

Los problemas no pararon ahí. Siguieron quejas por horarios, ruido y locales que exceden el espacio de sus instalaciones en la calle. Recientemente, se avivó el descontento vecinal ante la cifra de permisos otorgados. Más de 17 mil permisos desde 2020 a la fecha, sin embargo, desde enero de este año se emitieron al amparo de la Ley, y no del Programa.

Como la mayoría de los beneficios que otorga la 4T para la reactivación económica son para el sector inmobiliario, Claudia Sheinbaum simula apoyar al gremio restaurantero con paliativos mal planteados y mal ejecutados.

Ese supuesto apoyo les hizo acreedores a una promesa de simplificación de trámites, modificando la Ley de Establecimientos Mercantiles.

Si bien la Agencia Digital se encarga de simplificar trámites, debió ser la Secretaría de Desarrollo Económico quien encabezara el esfuerzo, lo que causó controversia por los acuerdos celebrados con vecinos y restaurantes para el cumplimiento voluntario de las reglas.

La Administración Morenista y su desdén por la participación plural, provocó como en otras ocasiones el rechazo de propuestas, particularmente 10 conclusiones formuladas en el Foro que organizó la Comisión de Espacio Público que presido en el Congreso capitalino.

Desde cualquier óptica que analice la instalación de enseres en las calles capitalinas, se encontrará una limitante para disfrutar el derecho al Espacio Público: restando su vocación económica o su rol para ejercer otros derechos, como la movilidad.

Vaya conflicto que tiene la Jefa de Gobierno, pues pregona un supuesto beneficio en favor del sector restaurantero, pero en realidad su proyecto de regeneración urbana es contrario a la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial.

El resultado no es el esperado, ya que, incluso la Organización Panamericana de la Salud ha alertado por la contradicción a los principios de seguridad, accesibilidad, eficiencia, inclusión e igualdad en el uso del espacio público, que plantean las nuevas reglas para establecimiento mercantiles.