Las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos del Senado aprobaron por unanimidad la reforma al artículo 127 de la Constitución para establecer un límite a las jubilaciones y pensiones financiadas con recursos públicos en entidades del Estado, en un debate donde Morena, el Partido Verde y el Partido del Trabajo defendieron la medida como un paso para terminar con los privilegios, mientras que PRI, PAN y Movimiento Ciudadano respaldaron el dictamen pero advirtieron riesgos jurídicos, vacíos en su diseño y un discurso oficial que, acusaron, pretende presentar la reforma como combate a la corrupción sin atacar los grandes desfalcos del erario.

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El dictamen avanzó con 15 votos a favor en la Comisión de Puntos Constitucionales y 17 en la Comisión de Estudios Legislativos, sin votos en contra ni abstenciones. La reforma plantea que las jubilaciones y pensiones financiadas con recursos públicos en organismos paraestatales y otras entidades públicas no podrán superar la mitad de la remuneración de la persona titular del Ejecutivo federal.

Aunque todas las bancadas coincidieron en que existen pensiones excesivas que deben eliminarse, el debate se centró en la forma en que se pretende hacerlo y en las consecuencias jurídicas de la reforma.

Postura del PRI: advertencias sobre retroactividad

Desde el PRI, la senadora Carolina Viggiano Austria confirmó que su bancada votaría a favor para poner freno a los excesos en pensiones públicas, pero advirtió que el dictamen contiene inconsistencias que podrían debilitar el Estado de derecho. Acusó que el discurso político que acompaña la iniciativa busca presentar la medida como un golpe contra la corrupción, aunque, según dijo, el propio gobierno calcula un ahorro cercano a cinco mil millones de pesos al año, una cifra que, afirmó, resulta marginal frente a pérdidas asociadas al huachicol fiscal, los sobrecostos en proyectos de infraestructura y la situación financiera de Petróleos Mexicanos.

Dijo que la reforma abre la puerta a una aplicación retroactiva en perjuicio de personas que obtuvieron su pensión bajo contratos y marcos legales específicos, y criticó que se trate de forma general a pensionados provenientes de regímenes distintos sin un análisis individual de cada caso.

Críticas del PAN: errores técnicos y falta de certeza jurídica

En la misma línea crítica, el coordinador del PAN, Ricardo Anaya Cortés, adelantó que su grupo también votaría a favor de eliminar pensiones “escandalosas e indefendibles”, pero cuestionó la negativa de Morena a modificar el texto para corregir errores técnicos. Señaló que fijar el límite de las pensiones con base en el salario de la Presidencia de la República es una decisión jurídica inadecuada, porque ese monto depende de decisiones políticas anuales.

Propuso en cambio que el tope se establezca en Unidades de Medida y Actualización, que se ajustan con base en la inflación y ofrecen mayor certeza jurídica. También criticó que la reforma se limite a organismos descentralizados como Petróleos Mexicanos, Comisión Federal de Electricidad o Luz y Fuerza del Centro, mientras deja fuera a dependencias de la administración pública centralizada donde también existen pensiones elevadas.

MC: alerta sobre incumplimiento del Estado

Por su parte, el senador Luis Donaldo Colosio Riojas, de Movimiento Ciudadano, anunció que su grupo votaría a favor al considerar urgente corregir pensiones desproporcionadas obtenidas en el sector público, pero alertó que la iniciativa no resuelve el problema estructural del sistema pensionario mexicano. Señaló que uno de los riesgos más serios es el posible efecto retroactivo de la reforma, ya que reducir pensiones ya otorgadas implicaría modificar condiciones bajo las cuales miles de servidores públicos planificaron su retiro tras décadas de servicio.

Advirtió que el artículo 14 constitucional establece que ninguna ley puede aplicarse retroactivamente en perjuicio de una persona, y sostuvo que ajustar pensiones ya vigentes podría constituir un incumplimiento del propio Estado frente a quienes cumplieron con las reglas que estaban vigentes cuando comenzaron su vida laboral. También cuestionó que el dictamen excluya a las Fuerzas Armadas mientras se pretende aplicar la reforma a otros trabajadores del Estado.

Defensa oficialista: eliminar privilegios y redistribuir recursos

Desde el bloque oficialista, los legisladores defendieron la reforma como una medida necesaria para eliminar privilegios. La senadora Juanita Guerra Mena, del Partido Verde Ecologista de México, afirmó que el objetivo es ordenar el sistema de jubilaciones financiadas con recursos públicos bajo criterios de proporcionalidad y responsabilidad financiera.

En tanto, el senador Alejandro González Yáñez, del Partido del Trabajo, sostuvo que el dictamen está jurídicamente fundamentado y que no vulnera el principio de irretroactividad, al considerar que existen precedentes de la Suprema Corte que permiten ajustes cuando se trata de recursos públicos y organización del Estado.

A nombre de Morena, el senador Miguel Pavel Jarero Velázquez sostuvo que la reforma forma parte del proyecto de transformación encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y busca terminar con un régimen de privilegios que, afirmó, durante años permitió jubilaciones desproporcionadas en organismos públicos.

Defendió que poner límites a estas pensiones no significa retirar derechos legítimos, sino corregir una distorsión en el uso del presupuesto público y redirigir recursos hacia educación, salud e infraestructura.

Qué plantea la reforma al artículo 127 sobre jubilaciones y pensiones

La reforma al artículo 127 de la Constitución establece un límite a las jubilaciones y pensiones financiadas con recursos públicos en organismos del Estado. El dictamen señala que las pensiones del personal de confianza en organismos descentralizados, empresas públicas del Estado, sociedades nacionales de crédito, empresas de participación estatal mayoritaria y fideicomisos públicos no podrán exceder la mitad de la remuneración asignada a la persona titular de la Presidencia de la República en el Presupuesto de Egresos de la Federación.

Alcance de la reforma

El límite aplicaría a esquemas de jubilación financiados con recursos públicos en organismos del Gobierno federal, así como en entidades públicas de los estados y municipios, incluidos organismos descentralizados, empresas públicas y entidades de participación estatal o municipal que paguen pensiones con recursos del erario.

El dictamen también establece que ningún contrato colectivo, disposición laboral o instrumento jurídico que regule la relación de trabajo podrá fijar pensiones por encima de ese límite, por lo que las instituciones públicas deberán revisar sus reglamentos, contratos y condiciones laborales para ajustarlos al nuevo tope constitucional.

Régimen transitorio y ajustes a pensiones vigentes

Además, el régimen transitorio establece que las pensiones que ya se encuentren vigentes y superen ese límite deberán ajustarse al nuevo tope, lo que implicaría que las instituciones revisen los esquemas existentes de jubilación.

Exclusiones de la reforma

La reforma establece también varias exclusiones, como es la limitación a las pensiones de las Fuerzas Armadas, las pensiones que se integran mediante cuentas individuales del sistema de ahorro para el retiro, los esquemas complementarios financiados con aportaciones sindicales y la pensión no contributiva prevista en el artículo cuarto de la Constitución.