Con la ausencia del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos aprobaron el dictamen de reforma constitucional para reducir privilegios y fortalecer la revocación de mandato, con 11 votos a favor y 5 en contra en la Comisión de Puntos Constitucionales, y 13 a favor y 6 en contra en la de Estudios Legislativos, sin abstenciones.

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El dictamen será llevado al pleno del Senado este miércoles, luego de que se citó a sesión a las 14:00 horas para que corran los tiempos legislativos y pueda discutirse y, en su caso, aprobarse. Pese a la ausencia del Partido del Trabajo, legisladores de Morena aseguraron contar con los votos suficientes para aprobar la reforma.

La sesión en comisiones se desarrolló con la ausencia del PT, luego de que se señaló que su coordinador, Alberto Anaya Gutiérrez, no notificó previamente que no asistirían.

El primer momento de tensión surgió cuando senadores del PAN intentaron incorporar al debate una iniciativa en materia electoral. El senador Marko Cortés Mendoza planteó una moción suspensiva, pero fue rechazada al argumentar que el dictamen no correspondía a una reforma electoral, sino a revocación de mandato y austeridad.

En la discusión de fondo, el senador Luis Donaldo Colosio Riojas, de Movimiento Ciudadano, sostuvo que la propuesta desvirtúa la revocación de mandato al convertirla en un mecanismo de ratificación y advirtió que permitir a la titular del Ejecutivo promover el voto rompe la equidad electoral.

En el mismo sentido, la senadora Claudia Edith Anaya Mota, del PRI, cuestionó la reforma al recordar el caso de Vicente Fox Quesada y la polémica de las “chachalacas”. Señaló que ahora se busca llevar a la Constitución la posibilidad de que el Ejecutivo participe en campañas electorales.

Además, criticó que se vulneren principios como el federalismo y el principio republicano, al imponer criterios presupuestales desde la federación a estados y municipios, advirtiendo que se legisla con fines políticos inmediatos.

En contraste, el senador Luis Alfonso Silva Romo, del PVEM, defendió la reforma al señalar que busca reducir privilegios, destinar recursos a programas sociales y fortalecer la democracia directa.

A esta postura se sumó el senador Miguel Ángel Pavel Guerrero Velázquez, de Morena, quien afirmó que la reforma forma parte de un proceso de transformación del marco constitucional para eliminar privilegios y fortalecer la participación ciudadana.

Desde la oposición, Marko Cortés reiteró el rechazo al señalar que la iniciativa no atiende problemas como la sobrerrepresentación ni la intervención del crimen organizado, y otorga ventajas indebidas al Ejecutivo.

La senadora Alejandra Barrales Magdaleno, de Movimiento Ciudadano, advirtió que la reforma podría debilitar la equidad electoral y facilitar la intervención del Ejecutivo.

Por su parte, el senador Waldo Fernández González, del PVEM, sostuvo que la propuesta busca actualizar el sistema democrático, reducir costos y fortalecer la rendición de cuentas.

Finalmente, el senador Ricardo Anaya Cortés, del PAN, cuestionó los alcances de la revocación de mandato, al señalar la incertidumbre sobre la sucesión presidencial en caso de un resultado desfavorable.

La aprobación en comisiones dejó el dictamen listo para su discusión en el pleno del Senado, donde se definirá si alcanza la mayoría calificada.

Sin cambios de fondo a la revocación, reforma fija tope a regidurías

La reforma constitucional mantiene sin cambios el mecanismo de revocación de mandato, sin incorporar propuestas del PT, pero introduce modificaciones en los gobiernos municipales al establecer un límite nacional de regidurías.

Se establece que la convocatoria deberá emitirse dentro de 60 días, y que la votación se realizará el primer domingo de junio del tercer o cuarto año de gobierno.

La ciudadanía podrá decidir mediante votación directa, libre y secreta si la titular del Ejecutivo Federal continúa en el cargo, manteniendo la posibilidad de que participe en la promoción del voto.

El procedimiento solo podrá realizarse una vez por sexenio, y podrá solicitarse dentro de los tres meses posteriores al segundo o tercer año de gobierno.

En cuanto a los ayuntamientos, se establece que estarán integrados por una persona síndica y un máximo de 15 regidores, eliminando la variabilidad local.

La reforma busca garantizar representación democrática y evitar beneficios políticos, además de que los recursos públicos liberados se destinen a servicios públicos, obra local y bienestar social.