AIDA RAMÍREZ
Foto: Cortesía Info CDMX
Es necesario implementar medidas que aborden eficazmente el problema de la corrupción toda vez que el Índice de Estado de Derecho de World Justice Project, sitúa a la Ciudad de México en la última posición respecto a las demás entidades en el país.
Así lo señaló la comisionada del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México (INFO CDMX), María del Carmen Nava Polina al indicar que de 2019 al primer semestre de 2022, la Secretaría de la Contraloría sancionó a dos mil 716 servidoras y servidores públicos.
“Por lo que el acceso al registro de estas personas es fundamental ya que promueve la responsabilidad y la integridad en el servicio público, inhibe conductas indebidas y permite identificar patrones de comportamiento problemáticos para tomar medidas correctivas”, afirmó al presentar el recurso de revisión que se aprobó, para que la Contraloría General informe sobre el registro de personas servidoras públicas sancionadas en la administración pública de la Ciudad de México.
Enfatizó que se requieren acciones más decididas para el control de la corrupción en la Ciudad de México. El acceso a información detallada y transparente sobre las personas servidoras públicas sancionadas y las medidas tomadas para prevenir la corrupción es un paso crucial en esta dirección.
Nava Polina detalló que una persona requirió la información anterior, así como el nombre y posición de la persona responsable de los sistemas y reglas del registro, la fecha de creación, así como copia del documento por medio del cual se estableció el origen del mismo.
En respuesta, el sujeto obligado proporcionó información sobre diversos requerimientos, pero la persona solicitante se inconformó y presentó un recurso de revisión ante el INFO CDMX, al manifestar como agravio que la documentación recibida no correspondía con lo que solicitó.
Al analizar el caso, la ponencia de la comisionada Nava identificó que el agravio resultó parcialmente fundado debido a que la Secretaría de la Contraloría entregó información incompleta, ya que omitió la copia del documento por medio del cual se creó el registro de las personas servidoras públicas sancionadas en la Administración Pública de la Ciudad de México.
Nava Polina explicó la relevancia de este caso porque resalta la necesidad de acceder a información sobre las estrategias de control y prevención de corrupción. Añadió que las personas tienen derecho a una administración pública transparente, eficaz y libre de corrupción.
Dijo que la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental 2021 muestra que el 57 por ciento de las personas en la Ciudad de México ven la corrupción como uno de los principales problemas y casi nueve de cada 10 consideran que los actos corruptos son muy frecuentes.
