GABY SALIDO
Dice una frase “lo que mal empieza, mal acaba”, y aplica incluso en el sector público, por lo que ningún Acuerdo o Decreto del Gobierno puede ser excepción a la regla; por ejemplo, la efímera buena reputación de los Certificados de Uso de Suelo por Reconocimiento de Actividad, que gesta SEDUVI.
Este documento es una forma de regularizar por la vía administrativa, un uso de suelo no permitido por los Programas de Desarrollo Urbano. Surge de Acuerdos y Decretos emitidos este año por la Jefatura de Gobierno para asignarse facultades que no le corresponden; en este caso, la competencia del Congreso capitalino para modificar la vocación del suelo de la Ciudad, ya que a SEDUVI solo le corresponde emitir el documento para hacer constar el o los usos que tiene un predio específico.
Analizando la Ley de Desarrollo Urbano, el documento que emite la autoridad, se denomina Certificado, y reconoce solo de 3 tipos: Únicos de Zonificación de Uso del Suelo, Únicos de Zonificación de Uso del Suelo Digitales y de Acreditación de Uso del Suelo por Derechos Adquiridos.
Mediante los primeros dos tipos de Certificado, se obtiene un listado de usos permitidos en un predio, y la diferencia es el medio por el cual se tramita. El tercer tipo avala un uso específico, de forma continua y apegada a la ley, antes de aplicar un Programa de Desarrollo Urbano.
Sabemos que en el balance de cualquier administración, ningún acto de autoridad escapa del escrutinio público, y más si estos carecen de sustento, o la fundamentación y motivación no es adecuada, pues no puede producir consecuencias y mucho menos favorables. Pues la autoridad solo puede realizar lo que expresamente le ordena la Ley; y el fin de cualquiera de sus actos, debe ser el bien común, no los intereses de algún sector en particular.
Estos Certificados por Reconocimiento de Actividad, no tienen fundamento específico en la Ley de Desarrollo Urbano, derivan de la interpretación de un artículo Transitorio de 2010, que ordenaba originalmente y con una vigencia de 2 años, un Programa de Regularización de Establecimientos Mercantiles menores a 100 m 2.
Para crear la red de opacidad del Gobierno de Claudia Sheinbaum, el primer paso fue adjudicarse la facultad de asignar o modificar usos de suelo por la vía administrativa, con la discrecionalidad que su mismo gobierno impone en el Reglamento.
Se adicionaron gradualmente giros en esta modalidad, empezando en 2021 con micro o pequeños comercios, servicios o industria de bajo impacto menores a 200 m 2 ; para julio de 2022 se sumaron guarderías, jardines de niños, escuelas especializadas, primarias, secundarias, de educación media superior y superior de hasta 4,000 m2.
Para incluir este Certificado en el Reglamento, lo modificaron en septiembre de este mismo año. La ciudadanía vio intenciones de regularizar giros ilegales, y señales de autocracia en los Acuerdos que permiten el trámite; por lo que decidieron auditar en un par de colonias el historial de Certificados emitidos por SEDUVI, encontrando graves discrepancias que evidencian el desconocimiento histórico de actos propios de la misma autoridad, por la falta del Sistema funcional que la Ley señala para ese efecto.
Hoy tenemos giros mercantiles que acreditan Derechos Adquiridos en un Certificado; y sin verificar que haya transcurrido el tiempo fijado en el Reglamento, la misma SEDUVI reconoce en el mismo inmueble, pero en un segundo acto y con una modalidad de Certificado distinto, otro giro mercantil.
Es lamentable que la reactivación económica y simplificación administrativa sean el argumento utilizado para mofarse de la ciudadanía y creernos ingenuos, pues realmente lo usaron como pretexto para crear la red de corrupción y opacidad de Claudia Sheinbaum en SEDUVI.
Diputada Congreso CDMX
