De invasor a residente: la incongruencia

GABY SALIDO

Algunas personas me han preguntado por la protección de barrancas, áreas de valor ambiental y áreas naturales protegidas en los instrumentos de planeación -que por cierto, según la gaceta oficial, a partir de hoy están en consulta-, ya que estos espacios dan importantes servicios ambientales a la CDMX, y tienen también un papel muy importante en el desarrollo de la capital.

Me dicen que al revisar la propuesta de Programa General de Ordenamiento Territorial, ven retrocesos en la protección de áreas verdes, pues se plantean esquemas de tolerancia y prácticamente urbanización en un tipo de suelo.

Se consideran ahora 3 tipos de suelo: Urbano, Rural y de Conservación; sin embargo, el Programa no es congruente con nuestra Constitución, pues en vez de garantizar la protección del suelo de conservación, con esa propuesta dentro de 15 años seguiremos restando miles de hectáreas para “tolerarlas” y continuar urbanizando o permitir más actividades en suelo Rural.

Esa zona está pensada para amortiguar excesos y abusos de la zona urbana, y evitar mayores daños a las áreas naturales, pues son fuente importante de los recursos que consumimos. Por ejemplo: el agua, ya que en esos espacios es una de las formas de filtrar naturalmente el líquido para recargar los acuíferos. Por cierto, problema actual que ni el Plan o el Programa consideran con acciones concretas para recargar los acuíferos.

Lejos de garantizar el cuidado del suelo de conservación, el Programa señala que el “nuevo” suelo rural se caracteriza por tener asentamientos irregulares, rezago tecnológico y de servicios, se limita el desarrollo de actividades y propicia la venta de la tierra con ilegales cambios de uso de suelo, por lo que en sus objetivos establece la obligación de otorgarles servicios urbanos con tecnologías sustentables.

La solución a 15 años que se plantea, sigue una fórmula que ya hemos visto antes en la capital: comenzar por tolerarlos y después regularizar su situación. Pero en este caso, al tolerar y regularizar esos asentamientos humanos, al grado de proporcionarles infraestructura para servicios urbanos, se puede poner en riesgo la vida de quienes ahí habitan, por las condiciones del suelo; además de destinar recursos económicos para urbanizarlos, restando condiciones ambientales para toda la ciudad.

Es grave que ese suelo rural, como franja imaginaria, se convierta en la oportunidad para urbanizar y permitir asentamientos irregulares; pues al ser flexibles en las posibilidades y usos según las Normas Generales, tendrán potencial de desarrollo, y no serán únicamente los actuales.

La propuesta se sustenta en el derecho a una vivienda digna; -derecho que nadie pone en duda, está reconocido en nuestras leyes y es el hogar para una familia-; sin embargo, el propio documento hace incongruente el planteamiento, al planear políticas y programas de construcción de vivienda, como la redensificación, utilizar el suelo que antes tenía vocación industrial, convertir oficinas en departamentos, ciudades policéntricas y con los servicios urbanos, además de contar con sistemas y opciones de movilidad inmediata.

Esos “instrumentos sustentables” intentan disfrazar la gravedad de poblar el suelo que originalmente es parte de un área protegida. Recordemos que en las “Reservas de la Biosfera” hay zonas de amortiguamiento donde sólo se pueden realizar actividades productivas por quienes ahí habitan al momento que se decretó el Área Protegida, pero NUNCA se urbaniza.

Paulatinamente este Gobierno pretende implementar y heredar para los siguientes dos sexenios, políticas y programas incongruentes entre sí, dando a aquellos que invaden y se establecen en reservas naturales, calidad de residentes de las nuevas zonas habitacionales en la CDMX.