El comercio irregular dentro del Sistema de Transporte Colectivo Metro se disparó de 305 a cerca de 800 módulos de venta, a los que se suman más de mil vendedores ambulantes en vagones y alrededor de 400 comerciantes conocidos como “toreros”, una situación que, según denunciaron integrantes de la Asociación “Comerciantes Unidos”, se ha expandido durante la gestión del director del organismo, Adrián Rubalcava Suárez, y que pone en riesgo a los más de 2.5 millones de usuarios que utilizan diariamente este transporte público.

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Juan Ramón Torres, integrante de la Asociación “Comerciantes Unidos” del Sistema de Transporte Colectivo Metro y comerciante con permiso dentro del sistema, señaló que el comercio irregular se ha extendido a todas las líneas del Metro, particularmente en corredores de transbordo de alta afluencia.

Entre las zonas más afectadas mencionó los pasillos que conectan Atlalilco entre las líneas 8 y 12, Pantitlán entre las líneas 1 y 9, Ermita entre las líneas 12 y 2 y La Raza entre las líneas 3 y 5.

Indicó que estaciones como Guerrero, Indios Verdes, Garibaldi, Balderas, Autobuses del Norte, Cuatro Caminos, Tacubaya, Politécnico, Zócalo, Auditorio, Mixcoac, Centro Médico, Salto del Agua, Coyoacán, Zapata, La Raza, Bellas Artes, Universidad, Boulevard Puerto Aéreo, Zaragoza y Pantitlán concentran gran cantidad de puestos comerciales, lo que reduce los espacios de circulación y genera cuellos de botella en el tránsito de pasajeros.

Torres sostuvo que el crecimiento desordenado de comercios dentro del Metro también incrementa los riesgos en caso de una emergencia, ya que los pasillos y zonas de conexión son utilizados para la instalación de puestos, algunos de ellos con equipos para preparar alimentos.

Señaló que, de acuerdo con los registros de la organización, durante esta administración los módulos de venta pasaron de 305 a cerca de 800, además de la presencia de más de mil vendedores ambulantes en vagones y alrededor de 400 comerciantes conocidos como “toreros” que operan en distintas líneas de la red.

Añadió que la asignación de módulos de venta conocidos como “cilindros” también ha favorecido a empresas telefónicas, tiendas de autoservicio y establecimientos de alimentos que, señaló, operan sin contar con permisos regulares, lo que ha provocado el desplazamiento de comerciantes con mayor antigüedad dentro del Metro.

Agregó que la organización cuenta con registros y documentación sobre la instalación de nuevos negocios irregulares en distintas estaciones del Metro, así como sobre la presunta participación de intermediarios que, según denunció, operan en la asignación de espacios de venta dentro del sistema.

Indicó que entre los nombres o sobrenombres que los comerciantes han identificado en estas prácticas se encuentran “El Puma”, “El Murciélago”, “La Maestra” y “El Poseidón”, a quienes señalan como presuntos operadores en la distribución de espacios comerciales.

Tras advertir sobre la proliferación de comercios irregulares dentro del Metro, Torres pidió a la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, atender las denuncias públicas y penales que, dijo, existen contra autoridades del Sistema de Transporte Colectivo y frenar presuntos actos de extorsión, así como el despojo de espacios de trabajo a comerciantes legalmente establecidos.

Asimismo, solicitó al magistrado presidente del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, Andrés Ángel Aguilera Martínez, garantizar la legalidad en los juicios administrativos promovidos por permisionarios.

El integrante de la Asociación sostuvo que algunos comerciantes con permisos vigentes mantienen litigios ante el Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México por decisiones relacionadas con la asignación o retiro de espacios de venta dentro de la red del Metro.

Señaló que, de acuerdo con los comerciantes afectados, durante estos procesos han recibido presiones y amenazas por parte de personas vinculadas con la administración del Sistema de Transporte Colectivo, quienes, afirmó, buscan que los permisionarios desistan de los recursos legales interpuestos.

Por ello, Torres pidió al Tribunal actuar con apego a la legalidad y evitar cualquier intento de tráfico de influencias que pudiera afectar el curso de los expedientes abiertos por comerciantes que buscan mantener sus espacios de trabajo dentro del sistema.