PATRICIA RAMÍREZ

Foto: Cuartoscuro

De concretarse las modificaciones legales del llamado Plan B de la reforma electoral, que se encuentra pendiente de aprobación en el Senado de la República, el Instituto Nacional Electoral (INE) se enfrentará a un problema grave de operabilidad y financiero, pues tendría que despedir a alrededor de 7 mil empleados de los 17 mil 600 que conforman el organismo electoral.

Del total de empleados del Instituto, 2 mil 600 son integrantes del Servicio Profesional Electoral, de los cuales el 85 por ciento tendrían que ser despedidos, con que solo quedarían 385 laborando, lo cual pondría en riesgo la operación de los procesos electorales, a que hasta el momento han funcionado adecuadamente.

Se estima hoy el INE tiene 17 mil 600 trabajadores, algunos de ellos, dos mil 600, forman parte del Servicio Profesional Electoral, y el resto forman parte de la llamada rama administrativa, que no cumplen solo funciones de administración.

Dentro de la rama administrativa están, por ejemplo, seis mil personas que operan los más de 900 módulos que se encargan de todos los trámites relacionados con la credencial de elector, identificación de utilización universal en el país.

De acuerdo con el análisis preliminar del organismo electoral, pues la reforma todavía no está avalada, las disposiciones ya aprobadas en la Cámara de Diputados desaparecerían las 300 juntas ejecutivas distritales, lo que pondría en riesgo no sólo la confección del padrón electoral, la instalación de casillas y la realización de los cómputos de los votos, sino también el monitoreo de todas las estaciones de radio y televisión del país, la fiscalización de las actividades de los partidos políticos y de las campañas electorales, y el cumplimiento de las obligaciones dirigidas a combatir la Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género.

Además, reducir al mínimo el Servicio Profesional Electoral impediría contar con personal calificado como lo ordena la Constitución, pues la reforma contempla eliminar el 84.6 por ciento de las plazas que hoy integran dicho servicio civil de carrera.

A esto se suma que estos trabajadores llegaron a sus cargos por procedimientos de reclutamiento señalados en la ley, como los concursos públicos abiertos; se someten todos los años a una evaluación de su desempeño y son sujetos a un programa de formación y capacitación permanente.

“Despojarlos de sus puestos de trabajo, cuando no han cometido falta alguna, sino que al contrario han entregado buenas cuentas a la ciudadanía, es atentar contra sus derechos laborales”, señala el análisis, con lo que también se arriesga a demandas laborales. También se elimina a la Junta General Ejecutiva, que sería sustituida por una Comisión de Administración integrada por cinco consejeras y consejeros, a lo que se suma que saldría el secretario ejecutivo, Edmundo Jacobo, mano derecha de Lorenzo Córdova.

Además, incorpora a esa Comisión al Órgano Interno de Control, lo que va en contra de su naturaleza jurídica.

A todo este panorama se suma que se requerirían recursos millonarios para liquidar a todo este personal, que en muchos casos tienen décadas de trabajo en la institución, todo ello en el marco de una reducción constante al presupuesto del INE, lo que obliga a implementar medidas de austeridad.

Sin embargo, el presidente del INE, Lorenzo Córdova Vianello advirtió que, si esta propuesta se avala también en el Senado y es publicado en el Diario Oficial de la Federación, el organismo electoral acudirá a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) quien tendría la última palabra en este tema.

Ante este panorama, el presidente del INE, Lorenzo Córdova Vianello, aseguró que esto abre, por primera vez, la puerta a que la organización de las elecciones adolezca de falta de confianza y certeza que ha caracterizado los procesos electorales, que es la gran conquista de la transición democrática en México.