AIDA RAMÍREZ
Foto: Aracely Martínez
El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) nombrado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para asistir en el caso Ayotzinapa, denunció que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) no ha entregado toda la documentación de las actividades monitoreadas e intercepciones de medios de comunicación que se llevaron a cabo en los días anteriores y posteriores a la detención y desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, como lo ordenó el presidente Andrés Manuel López Obrador.
Asimismo, dijo que se solicitó al gobierno federal un mes de prórroga para continuar trabajando en el caso y analizar pruebas que ha solicitado a diversas autoridades, ya que su labor concluye este viernes.
Sigue la Conferencia de Prensa que ofrecen integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) en la sede de esta #CDHCM.
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— CDHCM (@CDHCMX) September 29, 2022
Su estancia, también es para estar atentos sobre una posible “cacería de brujas” o represalias en contra del exfiscal Omar Gómez Trejo, que con su salida el trabajo de esclarecimiento se puede retrasar entre tres y cinco años.
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El GIEI cuestionó la intromisión de la FGR en el caso, del que la CIDH externó su preocupación, además de recomendar un mecanismo de seguimiento para el caso, fortalecer a la Unidad de Investigación para revertir su deterioro, así como replantear el papel de la Comisión de la Verdad (Covaj).
“Las respuestas que nos dan al GIEI es que no hay posibilidad de hacer monitoreos ni interceptaciones y niegan que ellos hayan realizado -el Ejército en particular-, estas actividades pero los documentos existen y hacen parte de la información que recuperamos”, denunció Ángela María Buitrago, integrante del GIEI.
Estamos en un momento en el que las familias necesitan certezas, no especulaciones ni ambigüedades. Antes de presentar un informe hay que someterlo a un análisis, hay que verificarlo. El bienestar de las familias está en juego. También la credibilidad del trabajo de la autoridad.
— GIEI Ayotzinapa (@GIEIAYOTZINAPA) September 29, 2022
Al presentar el tercer informe de actividades del Grupo con respecto al caso Ayotzinapa, en el que se detalla el monitoreo del Ejército a los estudiantes antes y durante el 26 y 27 de septiembre de 2014, señaló que dicha información fue generada por el llamado Centro Regional de Inteligencia Militar o Zona Norte de Iguala cuya existencia en septiembre de 2014 ha sido negada por escrito por la Sedena, y asegura que se creó hasta 2015.
Pese a esto, el GIEI cuenta con partes de textos de documentos de los sistemas de inteligencia de los Batallones 27, 41, 59, 35 Zona Militar y Central DN1; el acceso a dicho material fue gestionado por la Comisión de la Verdad para el Caso Ayotzinapa porque al Grupo le fue negado.
Han pasado 8 años desde los hechos. Y lo que se juega hoy es el derecho a la verdad y el derecho a la justicia. Todo este trabajo es por los familiares y los jóvenes.
— GIEI Ayotzinapa (@GIEIAYOTZINAPA) September 29, 2022
Buitrago enfatizó que la Zona Norte -con sede en el 27 Batallón de Infantería de Iguala-, como parte de su monitoreo el 26 y 27 de septiembre se reportó el traslado de seis y 12 personas a diferentes lugares.
“Hemos insistido, seguimos insistiendo y dejaremos la constancia de la insistencia porque es fundamental encontrar los documentos que fueron generados por el famosos centro regional de Inteligencia Militar denominado Zona Norte en Iguala (…) Por escrito nos han negado la existencia de ese centro en 2014, nos dicen que nace en 2015”, señaló.
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Y abundó que las actividades previas a la conmemoración del 2 de octubre del 68 eran objetivo del Ejército y de los organismos de seguridad pública, como se consigna en dos informes denominados FCA y CEI que dan cuenta de la comunicación de las brigadas, unidades y batallones.
“El 20 de septiembre de 2014. Primero informen todo lo que suceda del 20 al 26 de septiembre de manera detallada a las unidades correspondientes a la 35 zona militar, entendiendo que son el 27 batallón, el 41 y obviamente el 50”, leyó.
Además de esto, el mismo Centro reportó las actividades iniciales del 26 de septiembre en Chilpancingo, en “donde reportan la posible toma de buses pero a partir de ahí no aparecen y no nos han entregado los demás reportes”.
Todo lo anterior, destacó Buitrago reviste suma importancia porque una vez que se tenga acceso a ellos, como mandató el mismo Presidente, “cuando contemos con el texto completo de esas comunicaciones podremos saber más sobre la operación, los presuntos responsables, el paradero de los estudiantes y obviamente la forma en cómo fueron trasladados”.
En la presentación, se reiteró que “la autorización para entrar a esos archivos, la orden directa para entrar a esos archivos, vino del Comandante Supremo de las Fuerzas militares, es decir, del presidente Andrés Manuel López Obrador, por lo tanto no podía haber oposición de algún subalterno, por lo tanto nos entregó la autorización directamente al GIEI para hacer la revisión que hicimos en compañía de la CoVAJ”, subrayó Ángela Buitrago.
Por lo que destacó que, como consecuencia de esta orden presidencial, se obtuvieron “partes de textos de documentos transcritos por los sistemas de inteligencia de los batallones 27, de la 35 Zona Militar, del Batallón 41, 50 y de la región central México DN-1 que pertenecía la Secretaría de la Defensa (Nacional)”, pero además, se desprende de lo revisado que algunos de los estudiantes habrían estado con vida aún el 4 de octubre.
Junto con Francisco Coc Vial, Carlos Martín Berinstain y Claudia Paz, señalaron que les permitieron acceso a documentos que contienen conversaciones producto de intervenciones telefónicas por parte del Ejército a integrantes del crimen organizado a través del sistema Pegasus.
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De igual forma, aseguraron que existen pruebas en contra del exprocurador General de la República, Jesús Murillo Karam que no han sido tomadas en cuenta y que son relevantes en este caso.
También, dieron su respaldo total a Omar Gómez Trejo, quien fue integrante del GIEI y después Fiscal Especial para la Investigación del caso Ayotzinapa, y quien renunció al cargo recientemente por presuntas intromisiones en su trabajo; al tiempo que señalaron, no tener relación con el actual Fiscal General de la República Alejandro Gertz Manero, quien no los ha recibido.
