URBANO BARRERA
Foto: Cuartroscuro
El fiscal Omar Gómez Trejo renunció a la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el caso Ayotzinapa.
La renuncia ocurre tres años y tres meses después de investigar sobre la desaparición de los 43 jóvenes normalistas de Ayotzinapa, Guerrero.
El presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó la renuncia y dijo que se dio por que hay diferencia de criterios.
Garantizó a los padres de los normalistas que se continuará con la investigación y se hay la firme determinación de hacer justicia.
Denunció que hay fuertes intereses y presiones. Además, se montará una campaña de desinformación.
“Los que ordenaron y encubrieron a los responsables, los pseudo defensores de derechos humanos, que no estén pensando que van a descarrilar la investigación”, estableció.
Añadió: “vamos a seguir adelante sin limitaciones, sin presiones, ya sabemos lo que vienen… Van a querer enrarecer el ambiente no lo van a lograr”, retó.
Indicó que sus opositores van apostar a difamar, a degradar, a debilitar las instituciones, lo mismo vamos hacer nosotros respetando la libertad de expresión informando al pueblo.
Respaldó el que se hayan sacado las órdenes aprehensión contra los militares y los nombres.
Cuestionado sobre la filtración de los nombres y piezas de la investigación, dijo que por encima de la ley está la justicia y se debe informar sin limitación.
Reconoció que testaron los nombres de los responsables por respeto al debido proceso, pero después maliciosamente se filtraron los nombres.
Insistió en que no se puede dejar en libertad a 120 responsables de la desaparición de los jóvenes de Ayotzinapa.
En forma extraoficial, se manejó que la renuncia obedece a que el Presidente antepone la justicia al derecho y violenta los procedimientos de ley.
Hay que destacar que durante trabajo al frente de la fiscalía, Omar Gómez Trejo, logró se libraran más de 80 órdenes de aprehensión contra militares.
También se procedió contra servidores públicos locales, federales y delincuentes.
Entre otros, destaca el general titular del 27 Batallón de Infantería, José Rodríguez Pérez.
Además, el capitán José Martínez Crespo y el sargento Eduardo Mota Esquivel, señalados por los delitos de delincuencia organizada y desaparición forzada.
También se pudo llevar a prisión a al exprocurador Jesús Murillo Karam, quien aparece como imputado de tortura, colusión y alteración de pruebas en la carpeta de investigación.
También se detuvo a Darío Morales Sánchez; Jonathan Osorio Gómez “El Jona”; Patricio Reyes Landa “El Pato” y Agustín García Reyes “El Chereje” partícipes directos en la desaparición forzada.
