Gaby Salido

En diciembre la Jefa de Gobierno anunció que pediría más tiempo al Congreso para la consulta de los instrumentos Planeación, que dicho sea de paso, ella misma convocó mediante una publicación en Gaceta, y señaló su rechazo al documento que elaboró el Instituto de Planeación.

En su momento se generaron muchas dudas por el futuro de los documentos de Planeación, pero la semana pasada se confirmó que esta Administración dice una cosa y hace otra, vuelven difícil lo que debe ser fácil y culpan a los demás sin asumir responsabilidades.

Ante el fracaso que se propició desde el Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva de la Ciudad de México, y que la Jefa de Gobierno no quiere reconocer en la proporción de responsabilidad que le corresponde, pretendió salir como intercesora de buena voluntad, después del rechazo ciudadano, pero en realidad no es así, y el tiempo nos da la razón.

Mediante su iniciativa para ampliar el plazo, pretende solo seguir enmendando error sobre error en un proceso plagado de fallas desde el principio, por no seguir al pie de la letra lo que señala la Constitución y la Ley.

Sobra decir que, desde el inicio del proceso de consulta en voz de la oposición y actores de la sociedad civil, se señalaron errores, omisiones y tiempos desfazados, a lo que la autoridad simplemente calló. Tuvo que ser la protesta vecinal y el mandato judicial quienes pusieran pausa a un proceso que no fue cuidado desde el principio y que empezó a arrastrar problemas más graves desde la publicación del 8 de julio en la Gaceta Oficial.

Fue el martes 13 de diciembre cuando se entregó formalmente al Pleno del Congreso la Iniciativa que modifica la Constitución de la CDMX y Ley del Sistema de Planeación, para ampliar los plazos para la entrada en vigor del Plan General de Desarrollo y del Programa General de Ordenamiento Territorial.

Anticipé en su momento que la propuesta presentada por la Jefa de Gobierno no ponía fin al actual proceso, ya que la única forma de detener el proceso vigente, es mediante un Acuerdo de la misma Jefatura de Gobierno, para dejar sin efectos su publicación del 8 de julio.

Recordemos que el camino no es nuevo para la Jefa de Gobierno y para el Instituto de Planeación, pues el año pasado hicieron lo mismo y detuvieron la primer consulta fallida, con la publicación del Acuerdo.

Por eso, el primer paso era reconocer el error y con voluntad política frenar su propio proceso, para después solicitar al Congreso una tercer prórroga, pero vemos que no es ni será así. A pesar de las prórrogas, el tiempo ha sido insuficiente para que esta Administración haga lo que corresponde de acuerdo con la Ley, antes de emitir cualquier instrumento.

Ahora, pasado el encono social por la falta de difusión a la consulta y contradiciendo lo anunciado hace un mes o en afán de burla a la ciudadanía, se empeñan en continuar el camino plagado de irregularidades y la Jefatura de Gobierno respalda los argumentos y comentarios que sostienen a esos mismos documentos que repudiaba en diciembre.

No hay argumento o razón válidos para incumplir la Ley, y en este caso reponer el procedimiento, pues sin entrar en tecnicismos la Norma ordena que todas las etapas se realicen con participación ciudadana y deliberación pública, eso incluye la formulación de los documentos; es decir, rehacer el Plan General de Desarrollo y el Programa de Ordenamiento Territorial.

Además, es importante que todas las áreas del Instituto de Planeación estén debidamente integradas, para que realmente opere el Sistema de Planeación que consideró el Constituyente, con información suficiente y confiable como herramienta de participación para la ciudadanía, academia y la misma Administración, pues esto regirá la política social y el ordenamiento territorial de la CDMX a largo plazo.