JAVIER OLIVA POSADA 

Hago alusión de forma explícita a los medios convencionales y electrónicos de México, en cuanto a la difusión de los millones de correos electrónicos sustraídos de forma ilegal por Guacamaya. Este es un debate muy profundo, que conduce desde luego a las polémicas en torno a la libertad de expresión, a la privacidad del ciudadano y a fin de cuentas, a las condiciones bajo las que se ejerce el poder político y se fortalece las prácticas de la democracia. Por otra parte, debemos considerar, que se trata de la primera gran apropiación, que no filtración, de comunicaciones internas del Estado mexicano, con la adición de que la institución afectada, tiene que ver de forma directa con las condiciones de la Seguridad Nacional.

Como ha sucedido en otros casos recientes, en la apropiación y difusión de datos que han afectado –y de manera demostrada, procesos políticos y democráticos. Me refiero al Brexit (referéndum realizado el 23 de junio de 2016) y a las elecciones presidenciales en los Estados Unidos, en donde ganó de forma cuestionada, Donald Trump (8 de noviembre de ese mismo año).

Desde luego que los casos de Julian Asange y Edward Snowden, son diferentes, pues se tratan de dos situaciones en donde la obtención de la información fue producto allí sí, de filtraciones deliberadas. En tanto que el caso de Guacamaya o de los llamados Panama Papers, sí se trataron de asaltos informáticos. Con estas variables, se comprende de mejor manera, que lo sucedido en el caso de México, implica una sustancial diferencia, con la intención de afectar de forma expresa y de varias maneras al gobierno y a las instituciones en su conjunto.

Los libros clásicos sobre las funciones y misiones de los servicios de Inteligencia, se refieren a lo que se conoce como “el ciclo básico de la Inteligencia”. En la conclusión del mismo, la pregunta sustancial, básica y que mejor ilustra la dinámica de ese entorno, es: ¿para qué? No ¿por qué? La diferencia en la formulación de ambas preguntas radica en que la primera conlleva un intrínseco objetivo. Es decir, que desde el inicio y en el desarrollo de la elaboración de los procesos para formular posicionamientos, o como sucede en este caso de los documentos obtenidos por Guacamaya, la sustracción de la información, la forma en que se da a conocer y sobre todo el momento, nos remite, aunque sea de manera tenue, a saber el motivo y finalidades de la acción consumada.

Además, la afectación a la democracia, en un clima de polarización como el que vivimos en México, por supuesto que puede ser agudizado ante las revelaciones de la información considerada como sensible o secreta. Dicha información, al ser difundida, será utilizada –como es natural, para alimentar de uno y otro lado, posturas de exclusión, intolerancia y recriminación. Esta puede ser una de las respuestas al ¿para qué de la difusión de los documentos de Guacamaya? Con esto, no se niega o excusa a la comisión de actos violatorios de la ley ni mucho menos.

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