PATRICIA RAMÍREZ

Foto: Cortesía INE

Consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) advirtieron que la reforma electoral que se discute en el Senado de la República atenta contra la autonomía del organismo y pone en riesgo la calidad de los procesos electorales.

En un pronunciamiento público, los once consejeros electorales señalaron que las juntas locales del INE desaparecerían con la reforma, lo que pondría en riesgo no sólo la confección del padrón electoral, la instalación de casillas y la realización de los cómputos de los votos, sino también el monitoreo puntual de todas las estaciones de radio y televisión del país, la fiscalización de las actividades de los partidos políticos y de las campañas electorales, y el cumplimiento de las obligaciones dirigidas a combatir la Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género, entre otras actividades que el INE despliega en el ámbito distrital.

Además, sentenciaron que el golpe al Servicio Profesional Electoral significaría el despido de la mayoría de su estructura, lo que impediría contar con personal calificado como lo ordena la Constitución, pues la reforma contempla eliminar el 84.6 por ciento de las plazas que hoy integran dicho servicio civil de carrera.

“La Constitución señala que en el INE existirán órganos de dirección, como el consejo general y, por otra parte, órganos ejecutivos. Sin embargo, la reforma elimina a la junta general ejecutiva, que sería sustituida por una Comisión de Administración integrada por cinco consejeras y consejeros, desnaturalizando su función de dirección e implicándolos en tareas administrativas ordinarias como la gestión de los recursos, que son ajenas a su labor de dirección”, precisó.

En conferencia de prensa destacaron que se incorpora a esa Comisión al Órgano Interno de Control, lo que va en contra de su naturaleza jurídica, que supone sólo una función fiscalizadora y no sustantiva.

Advirtieron además que el despido de los trabajadores del Servicio Profesional, que se someten a exámenes y evaluaciones periódicas, atenta contra sus derechos laborales e incluso constitucionales.

Tras advertir que el INE no fue consultados sobre las reformas a las leyes secundarias, acotaron que la compactación de calendarios y la alteración de procedimientos, algunos de ellos en temas altamente sensibles, como es la selección de las y los funcionarios de mesa directiva de casilla que reciben y cuentan los votos de sus vecinos y vecinas, conlleva una afectación a las garantías orgánicas y procedimentales básicas que, hasta ahora, han permitido elecciones libres y auténticas.

“La reforma produciría un efecto regresivo, contrario al principio de progresividad de los derechos reconocidos constitucionalmente, y puede generar incertidumbre en torno a las reglas de la contienda electoral. Hacemos un llamado a las legisladoras y legisladores a analizar con profundidad los impactos de los cambios propuestos y a establecer los mecanismos que consideren pertinentes para hacerles llegar toda la información técnica que requieran para tomar las mejores decisiones”, detalla el comunicado leído por el presidente del INE, Lorenzo Córdova.